CCOO critica el "cambio de guión" del PP con los peajes, trasladando al Gobierno la bonificación que prometió

De esta manera, CCOO se refiere a la última Proposición No de Ley (PNL) del PP aprobada en las Cortes de Castilla y León, en torno a las bonificaciones a los peajes de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61. Ante esta iniciativa, la organización sindical ha pedido que "no se juegue con este asunto que viene lastrando el presente y futuro de la provincia desde hace décadas", al tiempo que advierte del "cambio de guion" del PP, "al pasar de su compromiso de bonificar los peajes a los abulenses desde la Junta, a trasladarle esta posibilidad al Gobierno de España".

“Los peajes afectan al desarrollo económico de la provincia y dificultan la creación de empleo", señala CCOO, que considera este asunto "lo suficientemente serio como para jugar con el presente y el futuro de la provincia, como se viene haciendo desde hace décadas”.

Contexto preelectoral

Al respecto, recuerda que el pasado año, en un contexto preelectoral, se aprobaron en la Diputación y el Ayuntamiento de Ávila sendas propuestas para “la supresión de los peajes de la AP-6 y AP-51 que gravan las comunicaciones, especialmente aquellos que condicionan negativamente y lastran la movilidad de ciudadanos y empresas”.

En un contexto también preelectoral como el actual, el objetivo último en relación con los peajes de las autopistas que "ahogan a Ávila" debe ser "su eliminación definitiva en 2029" y "dejar de jugar con los abulenses ,prometiendo primero bonificaciones desde la Junta y lanzando después esta posibilidad al Gobierno de España, como ha ocurrido a través de la PNL aprobada en la última sesión de las Cortes de la Castilla y León".

Comisiones Obreras pide "mayor seriedad y rigor" por parte de todos los partidos políticos y, especialmente, a aquellos que tienen responsabilidad de gobierno en Castilla y León y en España, para que los peajes de las autopistas "desaparezcan, se revierta la gestión de las mismas al Estado en 2029 y, de esta forma, se cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que se emitió, en este sentido, en 2010".