Piden ejecutar las sentencias sobre puestos de trabajo y alerta de posibles multas personales por incumplimiento

Por ello, CCOO cree que existe una "insuimisión judicial", además de preguntar al alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, si "está dispuesto a incumplir la ley", exige al Consistorio la "ejecución inmediata" de las sentencias, al tiempo que recuerda que el juzgado "ya ha apercibido de multas personales y de posibles responsabilidades penales".

A su juicio, la situación "ha alcanzado una gravedad que ya no puede ser presentada como una cuestión meramente administrativa o técnica", teniendo en cuenta la existencia de "sentencias firmes, requerimientos judiciales y un apercibimiento expreso del juzgado ante un eventual incumplimiento".

Por ello, CCOO considera que el Ayuntamiento de la capital "debe dejar de dilatar los procedimientos" y "cumplir, sin más excusas, aquello que han ordenado los tribunales".

En este sentido, el secretario general de CCOO de Ávila, Alberto Novoa, sostiene que “una Administración pública no puede elegir qué sentencias cumple, cuándo las cumple o cómo las cumple", ya que "son de obligado cumplimiento y el Ayuntamiento tiene que asumir sus responsabilidades”.

Ejecución efectiva

Ante esta situación, el sindicato ha vuelto a solicitar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila la "ejecución efectiva" de las resoluciones judiciales y la "identificación de las personas, autoridades o funcionarios responsables de su inejecución". Dicha petición se produce una vez que el propio órgano judicial "haya constatado que la sentencia no había sido ejecutada en sus propios términos" y haya requerido al Ayuntamiento para que proceda a "cumplir lo ordenado".

Según CCOO, el auto judicial establece, además, un apercibimiento expreso: “El incumplimiento podría implicar desobediencia al juzgado y la imposición de multas coercitivas sobre el patrimonio personal de quienes resulten responsables, multas que podrían reiterarse hasta conseguir la ejecución de lo acordado”. Además, contempla la posibilidad de deducir testimonio por aquellos hechos derivados del incumplimiento que pudieran revestir carácter delictivo.

A juicio del sindicato, este extremo resulta "especialmente relevante", porque "demuestra que las consecuencias de no ejecutar las resoluciones judiciales no son una advertencia del sindicato, sino una posibilidad expresamente contemplada por el propio órgano judicial".

Origen en 2023

Esta situación arranca tras una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila en 2023, obligando al Ayuntamiento a valorar un puesto de trabajo atendiendo a las funciones "efectivamente desempeñadas". El Consistorio recurrió la resolución y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó posteriormente la obligación de realizar dicha valoración.

Sin embargo, según denuncia CCOO, el Consistorio "dilató durante meses la ejecución de la sentencia", llegando a establecer un periodo de "aproximadamente diez meses para su cumplimiento". Cuando finalmente se aprobó una valoración, el trabajador afectado volvió a recurrir al considerar que la resolución municipal "no ejecutaba correctamente lo establecido por los tribunales".

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León volvió a dar la razón al trabajador y señaló que el puesto debía valorarse “de modo más ajustado a la realidad actual”, cuestionando la utilización de criterios contenidos en un manual de 2001 frente a otros trabajos de valoración más recientes utilizados por el propio Ayuntamiento. "Para CCOO, el pronunciamiento es claro: no se puede pretender resolver en el presente una realidad laboral utilizando criterios de hace 25 años", sostiene el sindicato.

Ganar dos veces

En esta línea, el sindicato denuncia que esta situación se está convirtiendo "en una carrera de obstáculos para los empleados municipales". “Los trabajadores están teniendo que ganar dos veces: primero tienen que acudir a los tribunales para que se reconozcan sus derechos y después volver a ellos para que el Ayuntamiento cumpla las sentencias”, denuncia Novoa.

CCOO considera "especialmente grave" que los trabajadores tengan que "soportar durante años el desgaste personal, profesional y económico derivado de unos procedimientos que podrían evitarse si el Ayuntamiento desarrollara una política de recursos humanos seria y negociada".

El propio hecho de que determinados puestos de trabajo hayan sido valorados correctamente, incluso sin necesidad de que sus trabajadores acudieran previamente a los tribunales, demuestra, a juicio de CCOO, que el Ayuntamiento "dispone de capacidad para hacerlo cuando existe voluntad de resolver los problemas" y considera al alcalde "el máximo responsable político" de esta situación.

La organización sindical reclama además un cambio en la política municipal de recursos humanos y se muestra dispuesta a negociar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aunque advierte de que ese proceso no debería servir, a su juicio, para retrasar la ejecución de las resoluciones ya dictadas. Defiende una valoración de los puestos mediante criterios objetivos, actuales, homogéneos y transparentes y con participación de los representantes de los trabajadores.

CCOO sostiene asimismo que la prolongación de los litigios tiene consecuencias para las arcas municipales por los recursos, procedimientos, costas y otros gastos judiciales que puedan derivarse de estos conflictos. El sindicato ha anunciado que continuará utilizando las vías sindicales y jurídicas a su alcance hasta conseguir la ejecución íntegra de las sentencias.