El precio del poder

Hay ocasiones en las que el silencio es un mecanismo de protección que la mente agradece. Durante bastante tiempo, quien les escribe ha estado en ese territorio de silencio, observando y reflexionando sobre nuestra sociedad, pero sin ganas (o quizá sin razones) para romperlo y convertir en palabras estos pensamientos.

Retomo mi participación en esta sección movido por acontecimientos que obligan a romper cualquier silencio. Porque llega un momento en el que callar empieza a parecerse demasiado a la indiferencia y, en estos tiempos que corren, no debemos permitirnos esa licencia.

Para situarle, estimado lector, le diré que recientemente tuve la oportunidad de visitar la Cámara Baja de las Cortes Generales de España. Madrid estaba como siempre: eran las cinco de la tarde y el calor asfixiaba unas calles que todavía se resistían a recuperar la rutina del nuevo curso.

Una vez dentro del Congreso, me dirigí al hemiciclo. Mientras observaba los innumerables detalles que decoran el corazón del poder legislativo de España (aprovecho para recomendarle la visita si aún no la ha hecho), paseé junto a la mesa de los taquígrafos y decidí sentarme en el escaño que ocupa desde hace ocho años el presidente del Gobierno.

Sentado allí, me quedé absorto contemplando el hemiciclo, completamente vacío y en silencio. Me llamó particularmente la atención comprobar que las distancias entre los escaños son mucho menores de lo que se aprecia en televisión. Quizá eso sea algo que debería intimidar en estos tiempos en los que la oratoria y la contraposición de ideas parecen haber dejado paso a la descalificación y al ruido vacío.

Mi mirada no encontraba un punto fijo donde detenerse. Pude distinguir los escudos de las ciudades, las nuevas pantallas de traducción que permiten que un diputado que se expresa en catalán pueda ser comprendido por otro que habla euskera, mediante la traducción al castellano y, entre muchos otros detalles, también me fijé en los orificios de bala que todavía recuerdan a quienes quisieron romper la concordia democrática en tiempos pasados.

Hasta que, de repente, mis ojos se posaron sobre las imponentes figuras de los Reyes Católicos, que, desde las paredes de este Parlamento, contemplan el devenir de nuestro país a través del paso del tiempo. Y me pareció que hasta el mármol de sus ojos parecía humedecerse, como si también ellos llorasen (o quizá lamentasen) al contemplar, tantos siglos después, la España que un día soñaron y la que hoy tienen ante sus ojos.

Y fue entonces cuando cerré los ojos.

En aquella situación comenzaron a aparecer en mi cabeza algunos recuerdos que sonaban tal que así:

«La amnistía no es planteable en un Estado constitucional porque significaría borrar el poder judicial», en relación con la posibilidad de una amnistía para los responsables del proceso independentista catalán. Meses después se aprobó la Ley de Amnistía, acompañada de un acuerdo que contempla la condonación de 20.000 millones de euros de deuda de Cataluña con el Estado.

«España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado», en relación con el inicio de la pandemia de COVID-19 en España, que terminaría dejando más de 120.000 fallecidos en nuestro país.

«La erupción de La Palma es un reclamo turístico que podemos aprovechar», mientras la lava avanzaba sobre la isla y miles de personas veían desaparecer sus viviendas, sus negocios y sus medios de vida. A día de hoy, 300 millones de euros permanecen pendientes de aportar para completar las actuaciones de reconstrucción y las ayudas a quienes lo perdieron todo.

«No hay fallo en las pulseras. Han funcionado en todo momento y seguirán funcionando», mientras las incidencias en los dispositivos telemáticos de control de maltratadores cuestionaban la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia de género y la capacidad de impedir el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento.

«Si la Generalitat necesita más recursos, que los pida», mientras la DANA devastaba la Comunidad Valenciana y se llevaba 232 vidas, dejando además una factura humana y económica cuya magnitud tardaremos años en comprender.

«Nunca va a haber apagones en España». Dos años después sufrimos el mayor apagón de la historia reciente de nuestro país, provocado, según las investigaciones y explicaciones posteriores, por un problema en el sistema eléctrico relacionado con la gestión de las energías renovables, con una factura económica estimada en 5.600 millones de euros que seguimos pagando.

«No existe nada de nada. Todo responde a un patrón de acoso y derribo basado en bulos de pseudomedios», mientras las investigaciones judiciales iban alcanzando a personas del entorno político y familiar del presidente del Gobierno.

«He trabajado y he descansado. También ese es mi derecho», mientras una de las mayores crisis exteriores de España en su frontera sur se desarrollaba en Ceuta, con el impulso y amparo del Reino de Marruecos, y la tragedia migratoria dejaba 141 vidas perdidas, además de una situación de desprotección, insalubridad e inseguridad que ha condicionado la convivencia de miles de ceutíes, en la ciudad más integradora de nuestro país, esa en la que las 3 culturas tienen un proyecto común de sociedad.

Las frases se sucedían unas a otras.

Las palabras.

Las promesas.

Las explicaciones.

Y detrás de ellas, las consecuencias: vidas, familias, pueblos, millones de euros y, sobre todo, la sensación de que algo profundo se está quebrando bajo nuestros pies.

De repente, abrí los ojos.

Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí la necesidad de levantarme y abandonar rápidamente el hemiciclo.

No fue una experiencia positiva.

Mientras salía, reparé en dos palabras que presiden la gran bóveda de la Cámara: LEX y JUSTITIA.

Ley y justicia.

Y pensar que la persona que se sienta en aquella butaca (muy incómoda, por cierto) debe contemplar esas palabras y enfrentarse después a esa sensación cada vez que acude a defender su gestión durante ocho años me llevó, de forma casi inevitable, a la pregunta que ha terminado por romper mi silencio en esta sección de opinión:

¿Qué precio está uno dispuesto a pagar con tal de mantenerse en el poder?

La respuesta, estimado lector, se la dejo a usted.

Aunque he de confesarle algo.

Estando allí sentado, en el escaño desde el que se dirige el Gobierno de España, contemplando un hemiciclo vacío y bajo las palabras LEX y JUSTITIA, tuve la certeza de que al menos uno de los 49 millones de habitantes de nuestro país, está dispuesto a pagar con su propia dignidad el precio del poder.