El movimiento vecinal de Piedrahíta denuncia diez registros de agua no apta y reclama explicacione

Aseguran que en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) figuran diez calificaciones de agua “no apta” para el consumo y que no consta públicamente que esos episodios fueran comunicados a la población. También cuestiona la situación contractual del servicio y anuncia la presentación colectiva de solicitudes ante el Ayuntamiento para obtener la documentación que, según la alcaldía, acredita la prórroga del contrato.

De acuerdo con los datos recopilados por El Mascarón, la última calificación “no apta” corresponde al casco de Piedrahíta y está fechada el 16 de junio. El análisis habría detectado una concentración de ácidos haloacéticos de 78 microgramos por litro, frente al límite de 60 señalado en el comunicado.

Tras la protesta del 26 de agosto, el movimiento vecinal sostiene que, pese a las diez calificaciones que afirma haber localizado en el registro sanitario estatal, “no aparece públicamente ni una sola” de las actuaciones que considera exigidas por el Real Decreto 3/2023 ante este tipo de resultados. El colectivo cita, entre ellas, la realización de una muestra de confirmación, la comunicación a la autoridad sanitaria, la valoración del riesgo y, cuando corresponda, el aviso a la población.

Bando municipal

El Mascarón relaciona estos registros con el bando publicado por el Ayuntamiento el día 1, y apuntan que el Consistorio señalaba que no se había producido “comunicación en ningún momento ni por el concesionario ni por la autoridad sanitaria (…) de que el agua NO sea apta para el consumo”. El movimiento vecinal interpreta esa afirmación como una prueba de que las comunicaciones que considera obligatorias no se habrían producido. Se trata, en cualquier caso, de la interpretación realizada por el colectivo a partir del contenido del bando y de los datos que asegura haber recopilado en el SINAC.

La organización añade otro motivo de preocupación: sostiene que en los veinte años de registros examinados no aparece ningún análisis de radiactividad. El colectivo señala que este control está contemplado en el Real Decreto 3/2023 y considera que debería efectuarse teniendo en cuenta las características geológicas de la comarca.
El Mascarón también vuelve a citar el anteproyecto número 2 incluido en el expediente municipal. Según el pasaje reproducido por el colectivo, en determinadas circunstancias parte del caudal puede llegar a los depósitos “sin haber recibido el tratamiento correspondiente”, situación que “compromete las condiciones de calidad del agua suministrada”.

El siguiente movimiento anunciado por la organización será solicitar de forma colectiva al Ayuntamiento la documentación sobre la situación contractual del servicio de abastecimiento. Las peticiones reclamarán una copia del contrato firmado en 2011 y del acuerdo por el que fue adjudicado, así como los acuerdos de prórroga que, según declaraciones de la alcaldía recogidas por el colectivo, fueron aprobados por el pleno.

Los vecinos quieren conocer las fechas, votaciones, informes y vigencia de esas prórrogas, además del título que ampara actualmente la prestación del servicio. También pedirán las cuentas correspondientes al denominado «canon de mejoras»: cuánto dinero se ha recaudado a través de los recibos, qué actuaciones se han financiado con él y cuál es el fundamento de su cobro actual. Sostienen que el contrato original tenía una duración máxima de cinco años y finalizó el 31 de diciembre de 2016, extremo que el movimiento atribuye al acta del pleno municipal celebrado el 19 de enero de 2017.

Frente a ello, el colectivo recoge declaraciones de la Alcaldía según las cuales el contrato “se prorrogó con el voto favorable de la mayoría absoluta del pleno” y esa decisión respondió “al cumplimiento de una obligación legal”. El Mascarón reclama ahora acceder precisamente a ese acuerdo y a la documentación que lo sustenta.

Piden paralizar la nueva licitación

Las reivindicaciones forman parte de la oposición del movimiento vecinal al procedimiento planteado para la futura gestión del agua. El colectivo pide una moratoria de la licitación y un contrato puente que permita regularizar transitoriamente el servicio mientras se lleva a cabo un diagnóstico de la red y se elabora un plan sobre el abastecimiento con participación vecinal. Después de ese proceso, defiende, debería decidirse el modelo de gestión para los próximos diez años.

El Mascarón argumenta su petición con diferentes datos extraídos, según asegura, de documentación oficial. Entre ellos, cifra las necesidades anuales del municipio en 504.901 metros cúbicos frente a una concesión de 276.828 metros cúbicos y sitúa el rendimiento de la red en el 46,77 % durante 2024.

También sostiene que el expediente reconoce que no se dispone de la red actual de abastecimiento ni del plan director y que la nueva licitación contempla una subida de tarifas del 72,85 %, además de una inversión mínima en la red de 112.000 euros durante los dos primeros años.