El PSOE de Piedrahíta acusa al Ayuntamiento de conocer desde 2017 la situación pendiente del contrato del agua

Los socialistas apoyan la convocatoria de una nueva licitación, aunque consideran que esta no resuelve por sí sola los problemas acumulados en las infraestructuras de la red. El grupo municipal basa su posición en diferentes actas municipales y en la documentación del contrato. Según expone, el contrato original tenía como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2016 y, en el pleno celebrado el 19 de enero de 2017 se acordó mantener la prestación durante ese año para garantizar la continuidad del servicio, con la posibilidad de prolongarla en 2018.

En aquella sesión, siempre según el PSOE, el secretario municipal informó de la necesidad de tramitar una nueva contratación y de cumplir requisitos como la licitación, los plazos, la publicidad y la libre concurrencia. Los socialistas sostienen que el asunto permaneció pendiente en los años posteriores. En enero de 2019 quedó recogido en un acta que “en el tema de Aqualia, se propone que la próxima corporación trate este asunto por ser de interés público”. En esa misma documentación, el entonces portavoz socialista José Ángel Blázquez manifestó que “se lleva avisando hace mucho tiempo que el periodo se acababa”.

El PSOE también se remite a octubre de 2022, cuando preguntó qué actuaciones se habían realizado para solucionar la situación contractual y la respuesta fue “seguir dando servicio a los vecinos”.

A partir de estos antecedentes, el grupo socialista rechaza la interpretación que atribuye a la alcaldesa sobre el origen de la situación. “Las actas son claras: se sabía que el contrato había terminado, se sabía que había que tramitar una nueva contratación y en 2019 se dejó el asunto para la siguiente Corporación. Por eso no aceptamos que ahora se presente esta situación como algo sobrevenido o como una polémica creada por el PSOE”, afirma.

Continuidad de Aqualia.

Tras una reciente manifestación vecinal, la controversia se centra también en la cobertura jurídica bajo la que Aqualia continúa prestando el servicio. El PSOE asegura que el 27 de agosto solicitó al Ayuntamiento el acuerdo, decreto, resolución u orden que ampara actualmente esa continuidad, así como su fecha, duración y condiciones. Según los socialistas, el Ayuntamiento respondió mediante la resolución de Alcaldía 2026-0501, fechada el 31 de agosto. El grupo municipal sostiene, sin embargo, que la contestación no identifica ni adjunta el acto concreto solicitado y que se limita a citar el artículo 288.a) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

El PSOE ha presentado un recurso de reposición contra esa respuesta y plantea una discrepancia sobre la normativa aplicable al contrato. Argumenta que la adjudicación se produjo en 2011 y que la Ley 9/2017 contempla un régimen transitorio para contratos anteriores.

En concreto, los socialistas mantienen que cuestiones como los efectos, la extinción, la duración y las prórrogas deben analizarse conforme a la normativa precedente. Añaden que tanto el contrato como el pliego remitían a la Ley 30/2007 y que esta exigía que las prórrogas fueran acordadas por el órgano de contratación, sin admitir una prórroga por consentimiento tácito.

Nueva licitación

Pese a sus críticas sobre lo ocurrido durante los últimos años, el Grupo Municipal Socialista considera necesaria una nueva licitación para ordenar la prestación del abastecimiento de agua en el futuro. Su discrepancia radica en que el nuevo contrato se plantee, según sostiene, como una respuesta suficiente al problema. Para el PSOE, además de regularizar la situación contractual, el Ayuntamiento debe abordar las necesidades de las infraestructuras y las inversiones pendientes en la red de abastecimiento de Piedrahíta. Recientemente, la alcaldesa, Carmen Zafra, defendió las medidas aprobadas.

“La polémica no la ha creado el PSOE. Las actas demuestran que esta situación se conocía desde hace años. Ahora hay que regularizar el servicio, sí, pero también asumir cómo hemos llegado hasta aquí y afrontar de verdad los problemas de la red”, señala el grupo socialista. La formación recalca que no cuestiona que el abastecimiento de agua tuviera que seguir prestándose tras la finalización del contrato. Su reclamación se dirige a determinar qué acto jurídico ampara la continuidad de Aqualia y a que la nueva licitación vaya acompañada de actuaciones sobre el estado de la red de agua del municipio.