Del Viernes, 28 de Agosto de 2026 al Domingo, 06 de Septiembre de 2026
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha dado luz verde al pago de 1,864.500 euros a los agricultores, ganaderos y apicultores profesionales, afectados por los incendios de las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora.
Cada beneficiario recibirá este jueves, según la Junta, una ayuda inicial de 5.500 euros por explotación, una vez completada la tramitación administrativa de las ayudas ya concedidas y autorizada la correspondiente orden de pago.
Los 5.500 euros constituyen "un primer apoyo económico" y podrán incrementarse hasta un máximo de 25.000 por explotación, "en función de la valoración definitiva de los daños sufridos".
Los incendios han provocado afecciones sobre cultivos e instalaciones agropecuarias, destrucción de colmenas y muerte o desaparición de ganado, con consecuencias directas sobre la capacidad productiva de numerosas explotaciones.
Según la consejería de la que es titular el abulense Joaquín Antonio Pino, el objetivo de esta primera ayuda es "proporcionar liquidez inmediata a las explotaciones afectadas para contribuir al mantenimiento de la actividad mientras se completa la valoración definitiva de los daños".
Se trata de ayudas que forman parte del primer paquete de medidas incluido en el programa de recuperación para las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2026.
Valoración de daños
La Junta asegura que continuará con las labores de valoración para "determinar los daños definitivos y concretar, cuando proceda, las medidas complementarias necesarias para favorecer la recuperación de las explotaciones, preservar el tejido económico y el empleo del medio rural y acelerar la recuperación de las zonas afectadas".
Con este primer pago, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ejecuta la primera fase del programa de ayudas previsto para los profesionales afectados por los incendios forestales del verano de 2026.
En paralelo, continuará la valoración de daños con el fin de concretar, cuando proceda, las medidas complementarias necesarias para favorecer la recuperación de las explotaciones afectadas.




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