Sigue la preocupación por el agua ante la llegada de las lluvias

En esas zonas se están llevando a cabo trabajos de emergencia para evitar la posible contaminación del agua en las próximas semanas o meses.

En el objetivo de que estos augurios no se hagan realidad, la Junta ha destinado 5,1 millones de euros a diversas actuaciones ambientales de emergencia, de abastecimiento y depuración de aguas y de restauración forestal, tal y como ha explicado a los representantes municipales de la veintena de pueblos afectados la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral.

La titular de Medio Ambiente ha escuchado a todos ellos y les ha trasladado las actuaciones del Gobierno autonómico durante la reunión mantenida en Piedralaves. A ellos se ha sumado la Mancomunidad Asocio de Ávila, que también se ha visto perjudicada por un fuego que aún no se ha dado definitivamente por extinguido, tras declararse en Burgohondo el 22 de julio. El fuego está controlado desde el pasado 15 de agosto.

Sin problemas de abastecimiento
En este encuentro, los asistentes han trasladado a la consejera su preocupación ante el posible arrastre o arrastre en el terreno, a partir de las lluvias de las próximas semanas, lo que provocaría la contaminación del agua.

En este sentido, la consejera ha afirmado que actualmente los municipios afectados por el incendio no tienen problemas de abastecimiento, después de unos momentos iniciales en los que se abordaron algunas actuaciones en este sentido, a la vez que se abordaba el control y la extinción de las llamas.

"Lo que estamos haciendo es analizar aquellas instalaciones que ahora mismo están en funcionamiento, pero que se pudiesen ver dañadas” por diferentes circunstancias como “desperfectos en alguna bomba o tuberías", ha explicado la titular de Medio Ambiente y Energía.

Si bien el abastecimiento está garantizado en los pueblos, en estos momentos, es preciso actuar para evitar la erosión del terreno y plantear "fuentes alternativas a través de sondeos que permitan otras captaciones ante el hipotético riesgo de un arrastre de cenizas que pudiese contaminar las captaciones superficiales". 

Al respecto, la consejera ha dicho: “A día de hoy, no tenemos problemas en ninguno de los municipios", con cuyos alcaldes permanece en "estrecho contacto” para que le transmitan cualquier necesidad.

 
El alcalde de Piedralaves, Germán Ulloa, que ha visto cómo el 88% de su término municipal se ha visto dañado, ha reiterado la idea de que la "prioridad" actualmente es asegurar el abastecimiento a través de las captaciones, debido a la situación en la que se encuentra el monte cercano.

Inversión

En este contexto, la titular de Medio Ambiente ha trasladado a los representantes municipales de la veintena de pueblos afectados las primeras medidas que ha comenzado a ejecutar el Gobierno autonómico, movilizando más de 5,1 millones de euros, a través del Plan de Recuperación de las zonas afectadas, aprobado en julio y que ha fijado 44 medidas dotadas con 90 millones de euros.

La Junta aprobó la semana pasada un primer contrato de emergencia de dos millones de euros para actuaciones hidrológico-forestales para reducir la erosión y el arrastre de cenizas y sedimentos, y favorecer la regeneración de la vegetación.

Además, se está trabajando sobre el terreno en la retirada de madera quemada en caminos y sendas de uso público, con el objetivo de "garantizar el tránsito y evitar riesgos para las personas"; también en las primeras fajinas y albarradas con los propios restos de madera quemada. 

A todo ello se suman las visitas técnicas para "identificar y priorizar" las actuaciones de restauración, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), y se están llevando a cabo los trabajos previos para organizar la saca de madera quemada "de manera coherente con los trabajos de restauración".

Según María González Corral, se está “actuando ya sobre las necesidades más urgentes, pero al mismo tiempo en la preparación de la recuperación a medio y largo plazo"

Los trabajos que se realizan incluyen la adecuación de pistas e infraestructuras forestales, la reparación de pasos de agua y puntos de suministro, la trituración de árboles para generar un acolchado de astilla o 'mulching' que proteja el suelo, el extendido de paja para reducir la erosión, así como la construcción de fajinas, albarradas, diques y otros elementos de retención de sedimentos.  

Plan de restauración ambiental

Todas las actuaciones que se ejecuten en la zona forman parte de un plan de recuperación y restauración de las áreas quemadas que determinará las actuaciones prioritarias, las infraestructuras de apoyo a la extinción e incorporará una planificación estratégica sobre el paisaje futuro.

La redacción del plan ya ha sido encargada a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somavcyl) de la Junta de Castilla y León, dentro de un contrato que supone 1,5 millones de euros y que incluye también la planificación de la restauración de las masas forestales afectadas por los incendios en el conjunto de la Comunidad. 

Extracción de madera quemada 

Otra de las actuaciones prioritarias consiste en la extracción de la madera quemada de los montes. Para ello, la Consejería de Medio Ambiente y Energía ya ha publicado la orden que fija un marco ágil para estos trabajos, simplifica los procedimientos y prioriza la retirada de la madera de pino que pueda suponer un riesgo fitosanitario para las masas forestales próximas.

La orden facilita, por un lado, la colaboración con los propietarios, que podrán extraer la madera sin necesidad de presentar la solicitud de autorización o declaración responsable de aprovechamiento, lo que simplifica y agiliza su tramitación. Por otro lado, en los montes catalogados de utilidad pública, el servicio territorial de Medio Ambiente trabaja ya en la preparación de los lotes y facilitará a las entidades propietarias los pliegos y condiciones técnicas.

El plazo para la realización de estos trabajos se extiende hasta el 31 de marzo de 2028, aunque se establece como objetivo extraer todo el material posible de carácter obligatorio antes del 31 de marzo de 2027, para reducir los riesgos fitosanitarios.

En materia de gestión de residuos, la Junta ha adquirido y distribuido 106 contenedores de residuos domésticos en siete municipios afectados, a los que se sumarán esta semana otros 18, con una inversión cercana a los 25.000 euros.