Ávila registra 866 solicitudes de justicia gratuita, el 63% por asuntos penales

Los casos penales representaron así el 62,6% de las solicitudes recibidas en la provincia durante el periodo analizado, mientras que el 37,4% restante correspondió a procedimientos no penales.

La comisión, órgano adscrito a la Subdelegación del Gobierno en Ávila, dictó durante el primer semestre 757 resoluciones favorables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita y otras 160 desestimatorias. También hubo expedientes que requirieron nueva documentación, además de archivos, renuncias y asuntos que permanecían pendientes de resolución.

Más de 2.000 consultas
Las 866 solicitudes recibidas durante el primer semestre procedieron del Colegio de Abogados de Ávila, donde comienza habitualmente la tramitación mediante una primera valoración de cada caso.

Posteriormente, los expedientes son remitidos a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, encargada de estudiar la documentación y resolver sobre el reconocimiento del derecho. Para comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos establecidos, el órgano puede solicitar datos adicionales a otras administraciones y organismos públicos.

Entre enero y junio fueron necesarias 2.002 peticiones de información a otros organismos para tramitar los expedientes.

La asistencia jurídica gratuita permite acceder sin coste, cuando se cumplen los requisitos establecidos legalmente, a prestaciones como la asistencia de abogado y procurador y a determinados servicios periciales y actuaciones procesales. Está dirigida principalmente a personas que acreditan insuficiencia de recursos económicos para litigar, además de otros colectivos a los que la legislación reconoce expresamente este derecho.

26 impugnaciones de resoluciones

La actividad de la Comisión durante el primer semestre incluyó también la tramitación de 26 impugnaciones. De ellas, 25 se presentaron contra resoluciones que habían denegado la asistencia jurídica gratuita y una contra una resolución favorable. A estos procedimientos se sumaron cuatro informes de insostenibilidad presentados por profesionales de la abogacía.

Las resoluciones de la Comisión pueden ser objeto de impugnación cuando existe desacuerdo con la decisión adoptada, de acuerdo con los mecanismos previstos en la normativa.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha defendido la función que desempeña este órgano para facilitar el acceso a los tribunales de las personas sin recursos económicos suficientes. “La tramitación de estos expedientes constituye una función discreta pero fundamental para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia y la efectividad del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”, ha señalado.