El coordinador provincial, Manuel Vicente, ha abogado por la transparencia, ya que los concejales formulan preguntas o solicitan información para poder “desempeñar el  trabajo como oposición, con todo el derecho que otorga la legislación para conocer detalles de la actividad municipal”, pero sucede que “no se aporta sin mayores explicaciones”.

“Es absolutamente grave, ya que si a los concejales no se nos contesta lo que preguntamos, si no se nos aporta la documentación que requerimos para nuestra tarea municipal, la labor democrática del Consistorio no funciona”, ha dicho.

Por su parte, el diputado provincial, Santos Martín Rosado, ha explicado que “esta situación de falta de transparencia y de obstrucción de la labor legítima de oposición se agrava en los ayuntamientos de los pueblos de la provincia, ya que es aún más difícil por los horarios de los consistorios y la disponibilidad de los secretarios municipales.

Locales
Asuntos referidos a la gestión municipal, personal, economía, contratación de trabajadores y de empresas, urbanismo o incluso peticiones tan básicas como ejecución presupuestaria o registro de entradas y salidas no tienen respuesta, advierten en UPyD. “Dificultades y trabas para ejercer la labor de oposición” lamentan en Gotarrendura, Madrigal  y Las Navas, donde no se han facilitado locales adecuados para reuniones o para recibir las visitas de los ciudadanos, tal y como contempla el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Madrigal se deniegan las respuestas a preguntas de UPyD porque no las consideran “ni urgentes ni de importancia”, en Gotarrendura los argumentos para no contestar ruegos y preguntas en los plenos con que “eso no se trataba en este pleno” y que “no es importante”.

La asesora jurídica de la formación, Miriam García, ha anunciado la presentación en los registros municipales de un requerimiento a los alcaldes de Ávila, Madrigal, Las Navas y Gotarrendura para “recordarles” que tienen la obligación, según consta en el ROF y avala la Constitución Española, de “facilitar a los concejales la información y los medios necesarios para ejercer su labor de oposición” y, e caso contrario, recurrir al “auxilio jurisdiccional”.