Recogen firmas para prohibir la caza hasta cinco años en las zonas quemadas de Ávila y Madrid

La iniciativa, creada el 1 de agosto, ha recibido hasta ahora cerca de 35.000 firmas y propone mantener las restricciones durante un mínimo de tres a cinco años.

La iniciativa, promovida por Susana Gómez Cristóbal, plantea la adopción de medidas extraordinarias para proteger a los animales que han sobrevivido a los incendios registrados en zonas de Ávila y Madrid. Entre los espacios mencionados por la petición figuran Burgohondo, San Martín de Valdeiglesias y la Reserva Natural del Valle de Iruelas.

Cuando representantes de la Junta ya se han reunido con los sectores cinegéticos para reanudar la actividad de los cotos, esta propuesta se dirige a la Junta de Castilla y León y a la Comunidad de Madrid y articula sus reivindicaciones en tres medidas. La primera es “declarar inmediatamente la veda e inhabilitar para la actividad cinegética todos los cotos incluidos total o parcialmente dentro de las superficies afectadas por los incendios”.

La segunda amplía considerablemente el alcance territorial de la reclamación. Los promotores solicitan que tampoco pueda cazarse en una franja de 30 kilómetros alrededor del perímetro de los incendios, con el argumento de que numerosos animales habrían abandonado las áreas quemadas y buscado refugio en terrenos próximos.

La tercera afecta a la duración de las restricciones. La campaña reclama que la prohibición permanezca vigente durante un periodo mínimo de tres a cinco años, plazo que sus impulsores consideran necesario para “favorecer la regeneración del suelo y la vegetación y la recuperación de las poblaciones de fauna”.

Destrucción del hábitat
La petición sostiene que los incendios han destruido el hábitat de numerosas especies y que los ejemplares que consiguieron escapar del fuego afrontan ahora una situación especialmente vulnerable por la pérdida de alimento, agua, vegetación y lugares de refugio.

Sobre esa premisa, sus promotores consideran insuficiente limitar las restricciones únicamente a la superficie directamente quemada y defienden extender temporalmente la protección a los terrenos colindantes.

El documento reconoce que existen restricciones autonómicas relacionadas con la actividad cinegética en zonas incendiadas, pero reclama una actuación excepcional ante la magnitud de los fuegos.