Servicio urgente para asesorar a empresas y trabajadores afectados por el incendio

La iniciativa busca ofrecer asesoramiento inmediato sobre las consecuencias laborales, fiscales y de Seguridad Social derivadas de la emergencia, en un momento en el que numerosas empresas han visto paralizada su actividad y miles de personas permanecen fuera de sus viviendas.

Para canalizar las consultas, el colegio ha habilitado un teléfono (652 418 979) y un  correo electrónico (avila@graduadosocial.es), desde donde un equipo de profesionales resolverá dudas relacionadas con permisos laborales, expedientes de fuerza mayor, aplazamientos de cuotas y otras gestiones administrativas.

Plazos administrativos continúan vigentes
Uno de los principales mensajes trasladados por el colegio es que, pese a la gravedad de la situación, no se ha aprobado ninguna norma que suspenda automáticamente los plazos de cotización, la presentación de impuestos o los procedimientos administrativos.

Esta circunstancia obliga a empresas, autónomos y trabajadores a actuar con rapidez para evitar recargos, sanciones o la pérdida de derechos cuando el incumplimiento derive directamente de las consecuencias del incendio.

Por ello, los graduados sociales están prestando asesoramiento individualizado para valorar cada caso y tramitar las medidas excepcionales que la legislación sí contempla en situaciones de fuerza mayor.

Permisos, ERTE y aplazamientos

Entre las actuaciones que ya están aplicando los despachos profesionales de la provincia figura el reconocimiento del permiso retribuido de hasta cuatro días para aquellos trabajadores que no pueden desplazarse a su centro de trabajo debido a las órdenes de evacuación o al corte de carreteras provocado por el incendio.

Asimismo, el colegio está asesorando a las empresas que han tenido que cesar parcial o totalmente su actividad sobre la posibilidad de solicitar la suspensión temporal de contratos o la reducción de jornada por causa de fuerza mayor, así como la tramitación de aplazamientos de cuotas a la Seguridad Social y de deudas tributarias. La entidad considera que estas herramientas pueden aliviar el impacto económico inmediato sobre el tejido empresarial de las zonas afectadas, formado en gran parte por pequeñas empresas, comercios y trabajadores autónomos.

Documentar los daños

El Colegio de Graduados Sociales insiste también en una recomendación considerada prioritaria de cara a las futuras compensaciones económicas: fotografiar y documentar todos los daños antes de iniciar tareas de limpieza, reparación o reposición de bienes.

Conservar pruebas gráficas del estado de viviendas, locales, explotaciones agrícolas, instalaciones o mercancías dañadas será, según explica la institución, un elemento determinante para justificar posteriormente las pérdidas y acceder a las ayudas públicas que puedan aprobar las distintas administraciones.

Solicitud de coordinación

Paralelamente, el colegio ha solicitado reuniones urgentes con la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Agencia Tributaria, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno. El objetivo es obtener criterios claros sobre la gestión de plazos administrativos, los aplazamientos extraordinarios y la tramitación preferente de expedientes relacionados con los municipios afectados por el incendio.

Además, la institución reclama que se impulse la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una figura que permitiría activar el régimen extraordinario de ayudas económicas para personas, empresas y administraciones perjudicadas por el incendio.

El colegio ha activado igualmente un sistema interno de colaboración entre graduados sociales para garantizar la continuidad del servicio en aquellos despachos cuyos titulares también se encuentran afectados por las evacuaciones o no pueden acceder a sus oficinas debido a las restricciones de movilidad.