El alto tribunal ha acordado solicitar información a los responsables de los órganos judiciales de ambas demarcaciones para conocer el estado de las sedes judiciales, su accesibilidad, las incidencias que puedan afectar a la actividad ordinaria y las necesidades organizativas que puedan requerir la adopción de medidas extraordinarias.
La decisión se produce en un contexto marcado por los confinamientos, cortes de carreteras y restricciones de movilidad decretadas por las autoridades como consecuencia del incendio forestal de Burgohondo.
Suspensiones puntuales
Por el momento, el TSJCyL no ha acordado una suspensión generalizada de la actividad judicial. Sin embargo, considera plenamente justificadas las solicitudes de aplazamiento de vistas, comparecencias y otras actuaciones procesales cuando ciudadanos o profesionales no puedan desplazarse o encuentren graves dificultades para hacerlo debido a la emergencia.
En este sentido, la Sala de Gobierno ha instado a jueces y tribunales a valorar estas circunstancias "con la máxima flexibilidad" para evitar perjuicios innecesarios a las partes implicadas en los procedimientos judiciales.
Asimismo, ha tenido en cuenta las preocupaciones trasladadas por el Consejo General de la Abogacía Española respecto a las dificultades que pueden encontrar abogados y procuradores para acudir a los señalamientos, unas incidencias que deberán ser ponderadas por los órganos judiciales al resolver las solicitudes de suspensión.
Seguimiento permanente
El Tribunal Superior recuerda que, conforme al Protocolo de Actuación Judicial en Situaciones de Emergencia y Catástrofe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), corresponde a la Sala de Gobierno evaluar el alcance de la emergencia, coordinar la respuesta de la Administración de Justicia y mantener una comunicación permanente tanto con el CGPJ como con el resto de autoridades competentes.
Por ello, el TSJCyL permanecerá en seguimiento constante de la evolución del incendio y de sus posibles efectos sobre el funcionamiento de los juzgados de Ávila y Arenas de San Pedro.
No se descartan más medidas
La Sala de Gobierno advierte de que, si la evolución de la emergencia lo hace necesario, podrá impulsar nuevas medidas organizativas, entre ellas la eventual suspensión generalizada de señalamientos o incluso de la actividad ordinaria en los partidos judiciales afectados, elevando las correspondientes propuestas al Consejo General del Poder Judicial o adoptando provisionalmente las actuaciones urgentes que resulten necesarias.
Ya se han remitido comunicaciones a los colegios profesionales de ámbito autonómico y de la provincia de Ávila, al presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, a los presidentes de los tribunales de instancia de Ávila y Arenas de San Pedro, al secretario coordinador provincial de Ávila y al Consejo General del Poder Judicial, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y asegurar una respuesta eficaz de la Administración de Justicia mientras continúe la emergencia provocada por los incendios forestales.
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