34 ayuntamientos de la provincia de Ávila no rindieron cuentas en 2024

La rendición de cuentas es la obligación legal por la que los ayuntamientos deben remitir a los órganos de control externo la documentación económica y contable de cada ejercicio y su incumplimiento dificulta la fiscalización del gasto público municipal.

Tramo de población
Las estadísticas del Consejo de Cuentas muestran que el incumplimiento se concentra principalmente en los municipios más pequeños.

Así, de los 34 consistorios que no rindieron cuentas, 14 tienen menos de 100 habitantes (Villaflor, Villanueva del Aceral, Fuentes de Año, San Juan del Olmo, Muñico, Vita, Becedillas, Mesegar de Corneja, El Parral, Hurtumpascual, Tórtoles, Donvidas, Grandes y San Martín y Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar).

Por otro lado, diez se sitúan entre 100 y 249 habitantes (San Juan del Molinillo, La Torre, Adanero, Aldeaseca, Gotarrendura, Bonilla de la Sierra, San Martín de la Vega del Alberche, Herreros de Suso, Solana de Rioalmar y Sinlabajos).

Mientras, hay cinco ayuntamientos incumplidores de entre 250 y 499 habitantes (San Bartolomé de Pinares, La Horcajada, Navalmoral y Villarejo del Valle) y otros cinco de entre 500 y 1.000 habitantes (El Arenal, Navalperal de Pinares, Fontiveros, Santa María del Tiétar y Cuevas del Valle).

Diputación y entidades locales
En cuanto al resto de entidades locales de la provincia sometidas al control del Consejo de Cuentas de Castilla y León, la Diputación Provincial sí ha rendido sus cuentas del ejercicio 2024.

Por su parte, figuran como incumplidoras de este trámite las dos entidades locales menores que hay en la provincia, que son Balbarda y Blacha, ambas dependientes del Ayuntamiento de La Torre, que aparece entre los incumplidores.

Además, según el Consejo de Cuentas, han rendido las cuentas 18 mancomunidades y otras entidades asociativas, que suponen el 60% del total de la provincia.

Recomendaciones
El Consejo de Cuentas ha reiterado una serie de recomendaciones, formuladas conjuntamente con el Tribunal de Cuentas y el resto de órganos de control externo autonómico, para impulsar la rendición de cuentas por parte de las entidades locales.

Entre ellas figuran la promoción de la cobertura de los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional y la actualización de la regulación de las multas coercitivas a las entidades incumplidoras. El organismo también propone establecer legalmente el 30 de junio del ejercicio siguiente como fecha límite para la rendición de cuentas.

Junto a estas medidas, el Consejo de Cuentas formula otras ocho recomendaciones adicionales, entre ellas una dirigida a las diputaciones para reforzar la asistencia y el asesoramiento a los municipios, especialmente a los de menos de 1.000 habitantes.