El secretario provincial del PSOE y portavoz socialista en la Diputación, Tomás Blanco, ha dicho que “si en algún momento la gestión de la Diputación, el día a día, pueda verse empañada por la situación judicial del proceso de Bankia, en ese momento pediré al PP que se adopten medidas”.

Ha acusado que la “responsabilidad política” del “fiasco” de Bankia es del PP, a la vez que ha manifestado que en su formación “mantienen la costumbre de no hacer declaraciones sobre imputados en un proceso judicial para garantizar los derechos”.

Tras indicar que el PSOE se opuso a la formación de Bankia, ha lamentado los perjuicios que la integración de Caja de Ávila ha tenido para la provincia abulense por “el costo de empleo, que se ha reducido drásticamente”, la reducción en la atención a los usuarios “porque en los pueblos las oficinas están desapareciendo”, y por la venta de participaciones preferentes, a la vez que ha lamentado que la obra social “está en la picota y tiene todas las perspectivas de desaparecer”.

Alcalde
Por su parte, el alcalde de Ávila, que a su vez es vicepresidente de Caja de Ávila, no ha querido entrar en valoraciones sobre la imputación de los consejeros de Bankia. “Que se Bankia quien hable”, a la vez que ha dicho que “ni antes ni ahora” ha hecho manifestaciones al respecto.

Mientras, el coordinador provincial de Unión Progreso y Democracia de Ávila, Manuel Vicente, ha mostrado su satisfacción por la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de la querella presentada por su formación contra los consejeros de Bankia y del BFA, ya que “con este proceso se abre una puerta a la depuración de responsabilidades exigida en democracia y deseada por los ciudadanos”.

Ha citado una encuesta de un periódico nacional en la que se ponía de manifiesto que el 95 por ciento de los españoles creen que hay que exigir responsabilidades a los gestores de las entidades financieras que han llevado al país al desastre financiero, “porque el otro cinco por ciento debe de ser parte del Gobierno o de los partidos mayoritarios -PP y PSOE- que parecen ser los únicos que quieren dejar correr el asunto”.

Desde Izquierda Unida, el procurador y coordinador regional, José María González, ha significado la importancia de la medida judicial, y ha recordado que fue su formación la primera que denunció la posibilidad de que hubieran existido irregularidades en las cajas de ahorro de Castilla y León, que motivó una investigación de la fiscalía.

“Vamos a pedir de nuevo una comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León”, ha anunciado, después de que la primera vez fuese rechazada, al igual que sucedió en el Congreso de los Diputados.

PP
El Partido Popular ha anunciado en Madrid que no tiene intención de suspender cautelarmente la militancia de los imputados de Bankia, donde además de los abulenses Ángel Acebes y Agustín González se encuentra el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto; el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato; el expresidente valenciano, José Luis Olivas; el exsecretario de Estado Estanislao Rodríguez Ponga; el exsenador José Rafael García Fuster; el exsecretario del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada; o el expresidente de la Asamblea de Madrid, Jesús Pedroche, entre otros.

Los imputados tendrán un plazo de cinco días, desde la última notificación de la querella, para recurrir el auto del juez de la Audiencia Nacional, y pedir el archivo de la causa a la Sala de lo Penal, que es superior jerárquicamente al magistrado instructor.