Una comunidad de propietarios gana la batalla contra un piso turístico en su bloque de viviendas

El registrador había fundamentado su negativa en que los estatutos de la comunidad de propietarios prohibían de manera expresa las viviendas de uso turístico en el edificio, limitación que constaba inscrita en el Registro de la Propiedad. 

Por su parte, el propietario del piso turístico había sostenido que inició los trámites administrativos antes de que la comunidad adoptara el acuerdo de prohibición de este tipo de alojamientos en su edificio.

Entre sus argumentos defendía que la comunicación ambiental presentada ante el Ayuntamiento de Ávila en noviembre de 2021 debía considerarse suficiente para entender iniciada la actividad y que la prohibición comunitaria no podía aplicarse con carácter retroactivo. 

Sin embargo, la dirección general concluye que la fecha determinante no es la presentación de esa comunicación ambiental, sino la declaración responsable turística exigida por la normativa sectorial de Castilla y León. 

En este sentido, dicha declaración se presentó el 2 de abril de 2022, mientras que la comunidad de propietarios había aprobado la prohibición el 17 de marzo de 2022, por lo que considera que el acuerdo comunitario ya era plenamente eficaz cuando comenzó jurídicamente la actividad turística. 

Cumplir requisitos

La resolución también aclara que la comunicación ambiental municipal constituye un trámite relacionado con el control urbanístico y ambiental, pero no acredita por sí sola el ejercicio de la actividad turística. Para ello, según la resolución, resulta imprescindible cumplir los requisitos establecidos por la normativa turística autonómica, incluida la correspondiente declaración responsable y su inscripción cuando sea exigible. 

Además, la Dirección General recuerda que el nuevo procedimiento del Registro Único de Arrendamientos atribuye al Registro de la Propiedad la función de comprobar no solo los requisitos administrativos, sino también los civiles, entre los que se encuentra la existencia de prohibiciones o limitaciones aprobadas por las comunidades de propietarios. 

De este modo, sin el número de registro correspondiente, la vivienda no puede anunciarse legalmente en plataformas de alquiler de corta duración.