Las secciones sindicales de ACAIP-UGT y CSIF han denunciado que el incidente evidencia las limitaciones de unas instalaciones que, aseguran, no están preparadas para gestionar internas con perfiles de elevada conflictividad, y han reclamado medidas urgentes para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Según las organizaciones sindicales, la agresión se produjo alrededor de las 9 horas del martes durante la apertura ordinaria de las celdas del módulo 2 cuando una interna retrasó deliberadamente la salida de su celda y desobedeció las instrucciones que le estaban dando los funcionarios encargados del servicio. Cuando fue requerida para cumplir las órdenes, reaccionó, siempre según la versión sindical, con insultos y amenazas de muerte dirigidas contra la funcionaria que intervenía en ese momento.
Incitación al resto de internas
El incidente no terminó ahí. ACAIP-UGT y CSIF sostienen que, una vez trasladada a la sala de televisión del departamento, la reclusa trató de alterar el funcionamiento del módulo animando al resto de internas a enfrentarse a los trabajadores del centro. Y pese a los intentos de los funcionarios por rebajar la tensión mediante el diálogo, la interna continuó profiriendo insultos y amenazas hasta que, finalmente, atacó de forma directa a una funcionaria.
Según relatan, la trabajadora fue agarrada violentamente por el pelo, llegando a perder varios mechones, mientras recibía numerosos puñetazos. La intervención del resto del personal para frenar la agresión provocó que varios funcionarios también fueran golpeados con puñetazos y patadas en diferentes partes del cuerpo.
Durante esos momentos de máxima tensión, añaden ACAIP-UGT y CSIF, otras reclusas se sumaron a los insultos y amenazas dirigidas contra los trabajadores. La actuación coordinada del personal penitenciario permitió finalmente controlar la situación y evitar que el incidente alcanzara una mayor gravedad.
Sin medios adecuados
Más allá de la agresión, las organizaciones sindicales consideran que lo ocurrido pone de manifiesto un problema estructural relacionado con la organización del centro. Los sindicatos recuerdan que el Centro Penitenciario de Brieva está catalogado como un establecimiento del grupo 3 y sostienen que carece tanto de la infraestructura como de los recursos humanos y de las medidas de seguridad necesarias para albergar internas con un elevado nivel de conflictividad.
En ese contexto, vuelven a mostrar su rechazo a la decisión de Instituciones Penitenciarias de transformar la prisión en un centro mixto, una medida que implica la desaparición de una de las tres prisiones exclusivamente femeninas que permanecen en España. Denuncian que esta reorganización también supone la eliminación del módulo destinado a internas clasificadas en primer grado, lo que limita las posibilidades de separación interior y dificulta la gestión de aquellas reclusas con perfiles más conflictivos.
También recuerdan que uno de los argumentos utilizados por la Administración para impulsar la reconversión fue la baja conflictividad registrada históricamente en el centro. Sin embargo, consideran que esta agresión cuestiona ese planteamiento y obliga a revisar el proyecto antes de que continúe su implantación.
Exigen el traslado
Tras los hechos, ACAIP-UGT y CSIF reclaman el traslado inmediato de la interna presuntamente responsable de la agresión a un establecimiento penitenciario dotado de recursos específicos para gestionar internas de alta peligrosidad. Asimismo, solicitan la paralización del proceso de transformación de la cárcel en una prisión mixta hasta que se realice una auditoría independiente sobre las condiciones de seguridad del establecimiento.
Los sindicatos consideran imprescindible que esa evaluación determine las necesidades reales del centro en materia de personal, medios técnicos y organización antes de continuar con una reestructuración que, a su juicio, incrementa los riesgos para la plantilla y dificulta la gestión penitenciaria.
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