IU pregunta al Gobierno por el “colapso” de la Justicia en Ávila y reclama más personal y recursos

La iniciativa plantea aumentar la planta judicial, reforzar los equipos psicosociales, mejorar las instalaciones y ampliar el soporte informático para hacer frente a una carga de trabajo que, según la formación, supera desde hace tiempo la capacidad de respuesta de los juzgados.

La organización sostiene que el problema no responde a una situación puntual, sino a un déficit estructural que se ha ido agravando con el paso de los años. En ese contexto, considera insuficientes las medidas previstas hasta ahora y reclama una planificación estable que permita adaptar los recursos judiciales a la realidad de la provincia.

Entre los argumentos trasladados al Ejecutivo, IU destaca la elevada actividad registrada por los juzgados mixtos del Tribunal de Instancia de Ávila durante 2024. Según los datos aportados por la formación, estos órganos asumieron más de 6.100 asuntos civiles y cerca de 5.000 procedimientos penales, unas cifras que, asegura, duplican ampliamente los módulos máximos de carga establecidos por el Consejo General del Poder Judicial.

Para la organización, estos datos reflejan un desequilibrio permanente entre el volumen de procedimientos que deben atender los órganos judiciales y los recursos disponibles para hacerlo, una circunstancia que termina repercutiendo en los tiempos de tramitación y en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

Ante esta situación, Izquierda Unida considera insuficiente la creación de una única plaza judicial y reclama la incorporación de un séptimo juzgado de primera instancia e instrucción. Asimismo, solicita la creación de una segunda plaza en la sección penal con el objetivo de reforzar la respuesta judicial en esta jurisdicción.

Retrasos en violencia de género 
La iniciativa parlamentaria también pone el foco en los equipos psicosociales que prestan apoyo a la Administración de Justicia, cuya carga de trabajo, según denuncia la formación, se ha incrementado hasta el punto de provocar retrasos en la elaboración de informes periciales.

IU sostiene que esta situación afecta especialmente a procedimientos de violencia de género y de derecho de familia, ámbitos en los que estos informes resultan determinantes para la adopción de decisiones judiciales y en los que la rapidez de la respuesta adquiere una especial relevancia por la naturaleza de los asuntos que se tramitan.

Las reivindicaciones también alcanzan al partido judicial de Arévalo. Según expone, las  dependencias carecen de una sala específica para la atención de víctimas y menores, lo que obliga a estas personas a permanecer en zonas comunes sin las condiciones de privacidad que requieren este tipo de procedimientos.

La formación considera que esta situación no garantiza unos estándares adecuados de protección para colectivos especialmente vulnerables y reclama la habilitación de espacios adaptados que permitan preservar su intimidad durante la permanencia en las instalaciones judiciales.

Un solo técnico informático
Otro de los aspectos incluidos en las preguntas registradas en el Congreso se refiere al soporte tecnológico de los órganos judiciales abulenses, ya que “toda la asistencia informática recae actualmente en un único profesional externo”, una dotación que considera insuficiente para responder a las incidencias derivadas del proceso de digitalización de la Administración de Justicia.

A juicio de la organización, la dependencia de un único técnico dificulta la resolución rápida de problemas informáticos y limita el funcionamiento ordinario de los juzgados cuando se producen averías o incidencias en los sistemas.

La formación insiste en que la provincia necesita un plan de refuerzo estable que combine nuevas plazas judiciales, más personal especializado y una mejora de las infraestructuras y de los recursos tecnológicos. "La Justicia en Ávila está funcionando muy por encima de sus capacidades reales. Sin un refuerzo inmediato de la planta judicial, de los equipos psicosociales y de los medios tecnológicos, se está comprometiendo la calidad del servicio público y la igualdad en el acceso a la tutela judicial efectiva", señalan desde IU.

Con las iniciativas registradas en la Cámara Baja, la organización espera conocer las medidas que prevé adoptar el Gobierno y el calendario de actuaciones previsto para responder a una situación que considera crítica para el funcionamiento de la Justicia en la provincia de Ávila.