El Ayuntamiento da una semana a los propietarios para limpiar solares ante el peligro de incendios

El Consistorio concede un plazo de una semana para proceder al desbroce y limpieza de los terrenos y advierte de que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros. La medida se enmarca en las actuaciones preventivas ante la época de mayor riesgo de incendios y busca minimizar los peligros que supone la acumulación de vegetación seca, residuos o maleza en parcelas urbanas sin edificar.

El bando municipal recuerda a los propietarios "la obligación y el deber legal que tienen de conservar los mismos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, extremando las medidas de vigilancia e inspección, para evitar el inicio o propagación de incendios".

En este sentido, el Consistorio requiere expresamente a los titulares de los terrenos sin edificar que realicen las labores de desbroce y limpieza en el plazo de una semana y que, posteriormente, mantengan las parcelas "en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público".

Ejecución forzosa
El Ayuntamiento advierte también de que el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento previstos en la normativa urbanística permitirá adoptar las medidas necesarias para garantizar la limpieza de los terrenos.

En este sentido, el bando señala que podrán dictarse las correspondientes órdenes de ejecución y, en caso de persistir el incumplimiento, recurrir a medidas de ejecución forzosa o subsidiaria, repercutiendo a los propietarios los costes derivados de los trabajos realizados por la Administración.

Además de asumir el coste de las actuaciones que pudiera ejecutar el Ayuntamiento, los propietarios que incumplan estas obligaciones podrán enfrentarse a un procedimiento sancionador.

El bando recuerda que la falta de conservación de los solares constituye una infracción urbanística y que, una vez tramitado el correspondiente expediente administrativo, el Ayuntamiento podrá imponer sanciones económicas que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros, en función de lo establecido por la normativa aplicable.