VÍDEO | Desarticulada una red criminal de venta de cachorros: 636 afectados y beneficios de más de medio millón de euros

La investigación, denominada operación Bibiache, apunta a que la organización comercializaba animales sin cumplir la normativa sanitaria y administrativa, utilizando documentación presuntamente falsificada y microchips intercambiados, mientras obtenía unos beneficios estimados superiores a los 500.000 euros.

Según han explicado el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, y el responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila, el teniente coronel Gustavo Dorda, la investigación fue desarrollada por el Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) y se inició el 10 de diciembre de 2025, cuando los agentes obtuvieron indicios de posibles irregularidades relacionadas con una actividad de cría de animales.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores inspeccionaron las instalaciones durante el mes de diciembre, donde detectaron indicios de posibles infracciones tanto penales como administrativas. Posteriormente llevaron a cabo numerosas actuaciones, entre ellas seguimientos de plataformas digitales donde se anunciaban los cachorros, entrevistas, inspecciones, comprobaciones mediante herramientas geográficas y vuelos con drones para documentar la actividad investigada.

Venta por internet
La  organización adquiría cachorros para distribuirlos posteriormente por distintos puntos del territorio nacional utilizando páginas web y redes sociales como principal vía de captación de compradores.

Los agentes determinaron que numerosos animales carecían de la trazabilidad exigida por la normativa. Además, detectaron que los microchips eran intercambiados entre ejemplares, que algunos perros no figuraban registrados correctamente y que la documentación sanitaria y administrativa presentaba presuntas irregularidades.

Durante las inspecciones también localizaron varios ejemplares de especies protegidas, entre ellas jilgueros y lúganos, sin la documentación exigida por la normativa Cites sobre comercio internacional de especies amenazadas. Asimismo, descubrieron una conexión irregular al suministro eléctrico.

En una segunda inspección realizada en otra localidad de La Moraña, los agentes intervinieron numerosas cartillas sanitarias, medicamentos veterinarios y microchips que todavía no habían sido implantados.
Animales enfermos, largos desplazamientos y varios cachorros fallecidos

La Guardia Civil sostiene que los cachorros eran sometidos a desplazamientos de larga distancia cuando apenas contaban con unos meses de vida, sin reunir las condiciones adecuadas y con posibles irregularidades en su documentación sanitaria.

La investigación permitió documentar varios casos de animales que desarrollaron graves problemas de salud tras ser entregados a sus nuevos propietarios, necesitando atención veterinaria, así como el fallecimiento de diversos ejemplares después de su adquisición.

Tres veterinarios investigados
Las diligencias atribuyen además una presunta colaboración necesaria a tres veterinarios investigados. Según la Guardia Civil, su actuación habría facilitado el acceso a determinados medicamentos veterinarios y la implantación de microchips utilizados dentro de la actividad investigada.

El análisis económico desarrollado durante la operación permitió identificar a 636 personas que podrían haber resultado perjudicadas en diferentes provincias españolas. Los investigadores localizaron transferencias vinculadas a la compra de cachorros por importe de 125.265 euros y, tras contactar con parte de los compradores, acreditaron además pagos en efectivo por valor de 21.060 euros.

Más de medio millón

En total, los ingresos demostrados obtenidos por los cuatro principales beneficiarios alcanzan los 146.325 euros en aproximadamente un año. No obstante, la Guardia Civil estima que los beneficios reales podrían superar los 500.000 euros al existir pagos todavía pendientes de analizar y operaciones realizadas en efectivo que no han podido cuantificarse completamente.

A los nueve investigados se les atribuyen, en función de su grado de participación, presuntos delitos contra la protección de la flora y la fauna, defraudación de fluido eléctrico, publicidad engañosa, estafa, falsedad documental, intrusismo profesional, maltrato animal por omisión, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

La operación ha sido dirigida por la Fiscalía delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila y ha contado con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila, la Sección Agraria Comarcal de Arévalo, el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, así como técnicos de I-DE Grupo Iberdrola y del Departamento de Fraude e Investigación de Iberdrola España.

Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente para la continuación del procedimiento.