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Audiencia Provincial de Ávila. La Fiscalía solicita para el procesado 15 años de prisión, además de diversas medidas de protección para la víctima, al considerar que los hechos se habrían producido de manera reiterada entre los años 2013 y 2016, cuando la niña tenía entre 8 y 11 años. El juicio iba a celebrarse en marzo, pero fue aplazado porque el acusado cambió de abogado defensor.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado era tío abuelo por afinidad de la menor y convivía con ella en el domicilio familiar de Ávila. La Fiscalía sostiene que la madre de la niña la dejaba frecuentemente al cuidado del procesado y de su esposa, circunstancia que el acusado habría aprovechado para cometer los presuntos abusos cuando ambos se encontraban a solas.
De acuerdo con las conclusiones provisionales del ministerio público, el acusado habría realizado "con mucha frecuencia" actos de carácter sexual sobre la menor, consistentes, en la mayoría de las ocasiones, en la introducción de su pene por vía anal, produciéndose también penetraciones vaginales y, en un número no determinado de ocasiones, penetraciones por vía bucal. Estos hechos dependían de las circunstancias del domicilio y de las ausencias de la esposa del procesado.
Amenazas
La Fiscalía también mantiene que el acusado amenazaba a la menor para impedir que revelara lo sucedido. En concreto, señala que le advertía que "se enfadaría si se lo contaba a alguien", lo que habría provocado que la niña, debido a su edad, ocultara los hechos durante un largo periodo de tiempo.
El escrito de acusación recoge que la víctima padece un trastorno esquizofreniforme diagnosticado en marzo de 2022, circunstancia que motivó el reconocimiento de un 35% de discapacidad y que continúa requiriendo tratamiento psiquiátrico y psicológico. La Fiscalía considera que dichas secuelas son consecuencia de los hechos denunciados.
Los hechos son calificados provisionalmente como un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, de acuerdo al Código Penal vigente en el momento de la presunta comisión de los hechos. Además de los 15 años de prisión, el Ministerio Fiscal solicita la imposición de la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar en el que se encuentre, además de la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de diez años superior al de la pena de prisión que finalmente se imponga.
Igualmente, interesa que, una vez cumplida la pena privativa de libertad, el acusado permanezca sometido durante diez años a la medida de libertad vigilada y que se le imponga una inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto regular y directo con menores de edad durante un plazo superior en cinco años a la condena de prisión efectiva.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la víctima con 60.000 euros por los perjuicios morales y los daños psíquicos presuntamente ocasionados, cantidad a la que se añadirían los intereses legales correspondientes.
La defensa solicita la absolución
Por su parte, la defensa rechaza íntegramente esa versión de la Fiscalía y sostiene que el acusado "no intervino en ninguno de los hechos expuestos de adverso". Afirma que la menor nunca permanecía sola con su representado porque en la vivienda también residían el abuelo y otros familiares, lo que, a su juicio, "hacía imposible esos supuestos actos sexuales con la menor".
Asimismo, mantiene que las imputaciones "se basan exclusivamente en manifestaciones tardías de la presunta víctima, efectuadas años después de los hechos supuestamente acontecidos", sin que exista "prueba física, testigo directo ni evidencia objetiva" que respalde la acusación. La defensa añade que el relato presenta "incongruencias, contradicciones y ambigüedades" que impiden considerarlo suficiente para fundamentar una condena.
En relación con el estado de salud de la denunciante, la representación del acusado sostiene que la joven presenta "déficits cognitivos significativos" derivados del trastorno esquizofrénico diagnosticado en 2022 y rechaza que dicha patología pueda asociarse a unos hechos que, según insiste, "no se han producido en modo alguno". Por todo ello, solicita la libre absolución del acusado.
El juicio del 1 de julio tendrá lugar después del que se celebró el miércoles, también por abuso sexual contra una niña.
Oficina en Ávila de Caja Rural de Salamanca
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