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Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme. Durante su intervención en los Premios Empresarialers de CEOE, De Miguel resaltó el trabajo diario de los emprendedores y empresarios abulenses, a quienes definió como protagonistas del desarrollo económico de la provincia. “Hay que reconocer a nuestros héroes que cada día levantan la persiana y luchan por hacer de Ávila y de su entorno un lugar muchísimo mejor, con mayor crecimiento, con empleo y con esa calidad de vida tan significativa de Ávila”, afirmó.
La dirigente empresarial subrayó que el reconocimiento a las empresas resulta especialmente necesario en un contexto que, a su juicio, está dificultando la actividad económica. “Nos lo están poniendo muy complicado a todas las empresas y estamos viendo cómo las empresas lo pasamos mal”, señaló.
Uno de los principales mensajes de la presidenta de Cepyme fue la situación que atraviesan las microempresas, aquellas con menos de diez trabajadores. Según explicó, este segmento empresarial es el que está sufriendo con mayor intensidad las consecuencias del actual marco regulatorio y de costes.
“Actualmente tenemos 15.000 menos microempresas en España que antes de la pandemia”, aseguró De Miguel, quien consideró que esta evolución resulta especialmente preocupante porque se produce en una etapa de crecimiento económico. “Lo que debería haber sido natural es que también crecieran nuestras pequeñas empresas”, indicó. Sin embargo, atribuyó esta situación a una “sobrecarga reguladora” que afecta de forma más severa a los negocios de menor tamaño.
Requisitos normativos
La presidenta de Cepyme argumentó que las pequeñas empresas carecen de estructuras internas especializadas para afrontar el creciente volumen de obligaciones administrativas. “Una empresa pequeña no tiene un departamento de administración”, recordó, para destacar las dificultades que supone cumplir con los requisitos normativos vigentes.
Durante su intervención, De Miguel también se refirió al incremento de los costes laborales y mencionó el salario mínimo interprofesional, del que “la empresa paga 1.900 euros y ese es el salario”, al tiempo que sostuvo que parte de esa cantidad no llega directamente al trabajador debido a la carga impositiva asociada al empleo.
La presidenta de Cepyme vinculó esta situación con otras obligaciones normativas y con la presión fiscal que, según defendió, soportan las empresas españolas. “La presión fiscal sobre la empresa en España es del 12,3%, cuando países como Suecia tienen una presión fiscal sobre la empresa del 6%”, manifestó.
A su juicio, esta diferencia genera una desventaja competitiva para las empresas españolas porque “la empresa de Ávila luego tiene que competir en el mundo con esa empresa de Suecia, con lo cual nos lo pone muy difícil”. Entre las medidas que considera prioritarias para fortalecer el tejido empresarial, la representante de las pequeñas y medianas empresas de España defendió una reducción de la complejidad normativa. “Es fundamental simplificar las normas porque tenemos 3.000 normas que afectan a un pequeño comercio de cualquier pueblecito abulense”, aseguró. A su juicio, “es imposible sobrevivir con toda esta complejidad”.
Menos presión fiscal
Asimismo, reclamó una reducción de la presión fiscal empresarial para acercarla a la media europea y defendió la necesidad de reforzar el papel del diálogo social en la negociación de las condiciones laborales. “Es muy importante también que se abra el Diálogo Social y que se nos permita llegar a acuerdos reales que se tengan en cuenta a la hora de negociar las condiciones laborales, el territorio y el sector donde estamos”, señaló.
La presidenta de Cepyme insistió en que las particularidades económicas y territoriales deben tener mayor peso en la regulación laboral. Según explicó, la homogeneización de determinadas condiciones puede limitar la capacidad competitiva de provincias como Ávila. “Si el Estado ya te marca el salario, la jornada y te marca todo, al final la realidad es que ya tenemos muchas zonas de España donde el 80% del salario mínimo interprofesional ya lo ha fijado el Gobierno”, afirmó.
Aunque indicó que Ávila todavía no ha alcanzado ese nivel, aseguró que la provincia se encuentra “bastante cerca”, una circunstancia que reduce el margen de negociación colectiva y limita la capacidad de adaptación a las necesidades específicas de cada territorio.
“Eso impide también a aquellos territorios que necesitan más apoyo y más impulso poder competir con otras zonas más dinámicas económicamente”, concluyó De Miguel, quien defendió una mayor consideración de la realidad territorial en las políticas económicas y laborales.
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