La presidenta del Supremo rechaza “injerencias”: “No se pueden contraponer votos a control judicial y estado de derecho”

Así lo ha dicho en respuesta a Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. La máxima representante del Poder Judicial lo ha dicho durante la clausura de las XXIV Jornadas de Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales, celebradas en la capital abulense, un encuentro en el que también se aprobaron más de 40 conclusiones orientadas a mejorar el funcionamiento de la Justicia en España.

Perelló ha subrayado que “la democracia no consiste solamente en votar, ni los votos recibidos legitiman cualquier actuación de los representantes elegidos por los ciudadanos, que también están sometidos a la ley y al Derecho”. La presidenta del Supremo ha añadido que el sistema democrático se materializa igualmente cuando cualquier ciudadano “encuentra un juez independiente que resuelva con arreglo a la ley”.

Durante su intervención, la presidenta del alto tribunal ha reivindicado el papel de los jueces como garantes del Estado de derecho y ha alertado sobre las presiones externas que pueden afectar al ejercicio de la función jurisdiccional. “Los jueces son quienes hacen que el estado de derecho sea una realidad, que el ejercicio del poder democrático esté sujeto a la ley y el derecho y que la sociedad avance y sea más justa e igualitaria”, ha afirmado, antes de señalar que estos profesionales “deben ser protegidos de presiones o injerencias externas o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio”.

Perelló ha insistido en que la independencia judicial constituye una garantía esencial para la separación de poderes y recordó que los jueces desarrollan su labor “con plena autonomía de criterio”, aplicando exclusivamente la ley y el Derecho “sin ninguna otra finalidad”.

Amenaza al estado de derecho

Asimismo, ha advertido que “todo intento de injerencia en la independencia judicial -proceda de donde proceda- supone una amenaza para el estado de derecho y pone en entredicho los fundamentos jurídicos y políticos de nuestra sociedad”. En este sentido, ha reclamado respeto institucional hacia el Poder Judicial y ha señalado que la defensa de esa independencia corresponde tanto al CGPJ como al conjunto de los poderes públicos.

Aunque ha reconocido que las resoluciones judiciales pueden ser objeto de análisis y crítica, ha advertido de que existe una diferencia sustancial cuando esas críticas buscan poner en duda la profesionalidad o la honestidad de los magistrados. “Hay un salto cualitativo cuando esa crítica va dirigida a cuestionar la honestidad profesional del juez. Esto es lo que no resulta admisible”, ha afirmado.

Y lamentado que se estén produciendo “graves críticas y descalificaciones a las instituciones garantes del estado de derecho” y ha recordado que son precisamente los jueces quienes protegen los derechos fundamentales, los derechos constitucionales y los reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La presidenta ha concluido mostrando su “absoluto respaldo” a los miembros de la carrera judicial y, de forma especial, a quienes se ven afectados por actuaciones o presiones que, según indicó, “no son propias de una sociedad democrática avanzada ni de un estado de derecho”.

Más medios contra la violencia de género
En la clausura de las jornadas, después de tres días de trabajo, los presidentes y presidentas de las audiencias provinciales han aprobado 43 conclusiones centradas en la organización judicial, los recursos procesales y la protección de las víctimas. Entre las principales reivindicaciones figura el refuerzo de las comisiones provinciales de coordinación contra la violencia de género y la necesidad de dotar de más medios a los órganos especializados tras la ampliación de competencias derivada de la Ley Orgánica 1/2025.

Los responsables de las Audiencias también respaldaron el avance de la comarcalización de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, aunque reclamaron una financiación suficiente para evitar sobrecargas y garantizar una atención adecuada a las víctimas.

Entre las propuestas destaca además la creación de secciones especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia, la mejora de los sistemas de protección telemática para víctimas y el impulso de modelos de atención integral para menores víctimas de violencia sexual.

Las conclusiones aprobadas también incluyen numerosas propuestas para agilizar los recursos de apelación en los órdenes civil y penal, reducir trámites innecesarios y modernizar el funcionamiento de las Audiencias Provinciales. Entre ellas figura la posibilidad de inadmitir recursos manifiestamente infundados, la simplificación del sistema de recursos penales y una revisión profunda de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el ámbito organizativo, los presidentes de audiencias reclaman una mayor participación en la planificación de recursos humanos y materiales, así como la aprobación de un Estatuto específico que regule sus competencias y funciones dentro del nuevo modelo judicial impulsado por la Ley Orgánica 1/2025.