El precio del alquiler y los gastos fijos empujan a más de 30.000 personas a la pobreza en Ávila

El estudio concluye que la desigualdad continúa siendo el principal factor que alimenta la exclusión social y advierte de que el crecimiento económico registrado en los últimos años no ha logrado traducirse en una integración social efectiva para una parte significativa de la población.

Presentado por Cáritas ante asociaciones, sindicatos y representantes eclesiásticos, el informe sitúa la exclusión social como un fenómeno estructural que va más allá de la pobreza monetaria y que responde a la acumulación de barreras que dificultan la participación plena en la vida social. En Castilla y León afecta al 14,9% de la población, unas 352.000 personas, una tasa inferior a la media estatal del 19,3%, pero que sigue evidenciando importantes fracturas sociales.

Uno de los aspectos que más preocupación genera en el informe es la evolución del mercado residencial. La vivienda aparece como la dimensión de exclusión más extendida en Castilla y León y afecta a casi uno de cada cinco habitantes de la comunidad. Sin embargo, el caso de Ávila destaca especialmente por la intensidad del problema.

Durante la presentación, el secretario técnico de FOESSA, Raúl Flores, ha señalado que la capital abulense registra el mayor incremento del precio del alquiler entre todas las capitales de provincia de Castilla y León. “Ávila es la provincia, concretamente la capital, de toda Castilla y León que más incremento ha tenido en la presión de los precios de la vivienda, especialmente en el precio del alquiler, que ha subido más de un 30 % en los últimos cinco años”, ha afirmado.

Los datos del informe indican que el alquiler ha aumentado un 29% en la provincia entre 2018 y 2024, mientras que el precio de compra de la vivienda se ha incrementado un 31% en el conjunto regional. Una evolución que, según Foessa, se encuentra desconectada del crecimiento de los salarios.

Problema transversal

Flores ha advertido además que el problema ya no afecta exclusivamente a los hogares con menores ingresos: “Si imaginamos un edificio social de cinco plantas, con la quinta con más renta y la primera con menos, la vivienda está afectando a la primera, a la segunda y a la tercera planta, lo que significa que está convirtiéndose en un problema cada vez más transversal”.

Las consecuencias de esta presión residencial son especialmente visibles en la economía doméstica. Según los datos presentados, más de 30.000 personas en la provincia de Ávila caen en situación de pobreza una vez que afrontan el pago de la vivienda y los suministros básicos.

“Después de que las familias pagan su vivienda y los suministros el día dos o tres de cada mes, ahora mismo en Ávila 30.000 personas viven en familias que se quedan en pobreza severa después de ese pago”, ha explicado el responsable de Foessa.

El informe sostiene que esta situación convierte a la vivienda en “el epicentro de la desigualdad” y cuestiona la efectividad real del derecho constitucional a una vivienda digna. En palabras de Flores, “la vivienda no es un derecho real, la vivienda es un derecho fake, es un derecho falso”.

El empleo no protege frente a la exclusión
La evolución del mercado laboral constituye el segundo gran eje de análisis del informe. Aunque los indicadores de empleo han mejorado en los últimos años, el documento advierte que el trabajo ya no garantiza por sí solo la integración social.

En la provincia de Ávila, alrededor de 8.000 personas viven en hogares donde el sustentador principal sufre una situación de inestabilidad laboral grave, caracterizada por empleos precarios, discontinuos o con jornadas insuficientes. “El empleo ha mejorado mucho, hay que reconocerlo y hay que alegrarse por esa gran mejora del empleo, pero al mismo tiempo se ha producido lo que decimos, una polarización del empleo”, ha apuntado.

Según ha detallado, el mercado laboral ha evolucionado hacia una estructura más desigual, en la que aumentan simultáneamente los empleos más estables y mejor remunerados y los puestos más precarios, mientras desaparecen posiciones intermedias. “Han crecido mucho los empleos buenos, bien remunerados y estables, pero han crecido también mucho los empleos malos, muy poco remunerados, intermitentes, con personas que entran y salen del mercado laboral”.

El informe destaca que el empleo sigue reduciendo el riesgo de exclusión, pero ya no actúa como garantía suficiente. De hecho, el 14% de los sustentadores principales que trabajan se encuentran en situaciones de exclusión social.

Salud como indicador de vulnerabilidad
La salud aparece como otro de los ámbitos donde la exclusión social gana terreno de forma silenciosa. El estudio recoge que unas 18.000 personas en la provincia de Ávila han tenido que renunciar a tratamientos médicos, medicamentos, prótesis o dietas específicas por motivos económicos.

Flores ha subrayado que, pese a la fortaleza general del sistema sanitario público, existen prestaciones que quedan fuera del alcance de muchos hogares, como “la asistencia dental, podológica y de salud mental”.

El responsable de Foessa ha precisado que actualmente “18.000 personas viven en hogares donde no pueden acceder a unas gafas, a un audífono, a un psicólogo o a un podólogo por problemas económicos”. A esta situación se suma el incremento del recurso a la sanidad privada para evitar listas de espera o acceder a servicios no cubiertos por el sistema público, una alternativa que no todas las familias pueden asumir.

Redes de apoyo
El informe también alerta del deterioro progresivo de las redes familiares, vecinales y comunitarias que tradicionalmente actuaban como mecanismo de protección frente a las situaciones de vulnerabilidad. “Lo que marca la diferencia para que las personas acaben cayendo en exclusión social o que acaben de alguna forma saliendo de esa exclusión social e yendo al espacio de la integración social son los apoyos sociales”, ha señalado Flores. 

Sin embargo, el estudio detecta un debilitamiento de ese capital social, especialmente entre quienes más lo necesitan. “El informe nos da una mala noticia, que ese apoyo y escudo social familiar, vecinal y de amigos se ha ido debilitando”. Ante esta realidad, el secretario técnico de Foeass apela a reforzar el papel de la comunidad como elemento de acompañamiento y protección para las personas más vulnerables.

Grandes acuerdos
El diagnóstico presentado por Cáritas y la Fundación Foessa apunta a que las tendencias observadas no son coyunturales ni responden exclusivamente a los efectos recientes de la pandemia o de la inflación. Por el contrario, se trata de procesos que llevan años gestándose y que podrían prolongarse en el tiempo si no se adoptan medidas estructurales.

Flores defiende la necesidad de alcanzar acuerdos estables que trasciendan las legislaturas y los cambios políticos para afrontar problemas como la vivienda, la protección a las familias o la reducción de la desigualdad. “Necesitamos pactos de Estado que trasciendan los niveles de gobernanza y que trasciendan las legislaturas”, ha apuntado.

Entre las medidas planteadas ha citado la ampliación del parque público de vivienda social en alquiler y el impulso de prestaciones universales de apoyo a la crianza, siguiendo modelos implantados en buena parte de los países europeos.

El responsable de Foessa advierte de que los cambios no serán inmediatos y requerirán una planificación a largo plazo. “La realidad que hoy presentamos -ha dicho- es una realidad que se venía gestando en informes anteriores”, por lo que “es necesario empezar ya a aplicar políticas para que dentro de ocho o diez años empecemos a ver los nuevos resultados”.

El IX Informe Foessa concluye así que Ávila comparte las dinámicas generales de exclusión detectadas en Castilla y León, pero presenta una especial vulnerabilidad en materia de vivienda, un fenómeno que, según la entidad, está ampliando las brechas sociales y comprometiendo la capacidad de integración de miles de familias en la provincia.