Exigen explicaciones a la Junta por la ausencia de cuadrillas en el incendio de Santa Cruz del Valle

Consideran que la situación ha puesto de manifiesto las debilidades del operativo autonómico de lucha contra incendios en el inicio del periodo de máximo riesgo forestal, y advierten sobre la ausencia de efectivos. “La Junta conocía perfectamente la situación y disponía de tiempo para actuar. Lo más grave es que esto era previsible y, aun así, no se adoptó ninguna medida eficaz para evitar que un conflicto acabara afectando a un servicio esencial para la protección de las personas y de nuestro medio natural", ha señalado Iglesias sobre el fuego del fin de semana.

Los procuradores advierten de que Castilla y León afronta la campaña de verano con incertidumbre sobre la disponibilidad real de medios humanos para la extinción de incendios forestales, una circunstancia que consideran especialmente preocupante ante posibles episodios de altas temperaturas o la aparición simultánea de varios focos.

En este sentido, Iván Zazo ha mostrado su preocupación por la capacidad de respuesta del dispositivo en situaciones de mayor complejidad. "Si en los primeros compases de la campaña ya estamos viendo problemas para movilizar efectivos, es lógico preguntarse qué puede ocurrir cuando nos enfrentemos a situaciones de mayor gravedad. La ciudadanía necesita certezas y planificación, y la Junta está transmitiendo justamente lo contrario", ha advertido.

Conflicto con la patronal

El PSOE subraya que la ausencia de cuadrillas no obedece a una huelga de trabajadores, sino al conflicto existente entre la patronal forestal ASEMFO y la Junta. Según recuerdan, fueron las empresas adjudicatarias las que anunciaron a finales de mayo que alrededor de 950 bomberos forestales dejarían de intervenir en incendios, en una decisión fundamentada en la supuesta inseguridad jurídica derivada de los requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo sobre la exposición de los trabajadores a sustancias cancerígenas presentes en el humo generado durante las labores de extinción.

Los procuradores consideran que la Administración autonómica tenía la obligación de garantizar las condiciones de seguridad y salud laboral exigidas por la Inspección y reprochan que el conflicto continúe sin una solución definitiva. Para Iglesias, la responsabilidad última recae en la Junta por no haber evitado que el conflicto afectara a la prestación de un servicio público esencial.

"Lo que ha ocurrido este fin de semana es que unas empresas contratadas para prestar un servicio esencial han decidido no hacerlo y la Junta no ha sido capaz de evitarlo. Esa es la responsabilidad que el Gobierno autonómico tiene que explicar. Mañueco no puede limitarse a observar cómo se deteriora un servicio básico sin intervenir", ha afirmado.

Los representantes socialistas reclaman explicaciones inmediatas a la Junta, la adopción de medidas urgentes para recuperar la plena operatividad del operativo de lucha contra incendios y una solución estable que evite que situaciones similares vuelvan a repetirse durante la campaña forestal. "Lo que está en juego no es un debate político, sino la seguridad de las personas, la protección de nuestros montes y la eficacia de un servicio esencial. La Junta debe actuar con la urgencia que exige la situación", han concluido ambos procuradores.