“Castilla y León necesitaba una UCI y le han dado paracetamol”

De las 324 medidas que han pactado PP y Vox para gobernar Castilla y León, Ávila aparece mencionada en tan solo seis ocasiones, principalmente en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios como la bonificación de los peajes. Pero ni rastro del Hospital Comarcal del Valle del Tiétar, ni la carretera CL-505 ni la de Las Navas del Marqués, según han denunciado los procuradores socialistas abulenses.

El nuevo Gobierno de Castilla y León, conformado por el Partido Popular y Vox tras más de dos meses y medio de negociaciones posteriores a las elecciones del 15 de marzo, han presentado un acuerdo de 62 páginas y 324 medidas que define la agenda autonómica para los próximos cuatro años.

El pacto PP-Vox hace referencia específica a la provincia de Ávila en seis puntos. Cuatro de ellos están vinculados a infraestructuras como en ensanchamiento de carreteras o la mejora de los servicios ferroviario como el incremento de frecuencias, mientras que otros mencionan completar el ya prorrogado Plan Territorial de Fomento. También se alude a la conexión con la A-40 y a proyectos de carreteras autonómicas, aunque sin concreción de inversiones, plazos ni actuaciones específicas.

Según la documentación y las declaraciones de Iván Zazo, procurador del PSOE por Ávila, estas referencias «disparan con pólvora ajena», dado que la Junta carece de competencias directas sobre la mayoría de dichas infraestructuras.

"Reparto del pastel"

El acuerdo se produce en un escenario marcado por la despoblación, el envejecimiento y la falta de servicios en el medio rural. Pese a que el PP ganó las elecciones, Vox ha obtenido la vicepresidencia primera —que ocupará Carlos Pollán— y el control de tres consejerías clave: Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Cultura, Turismo y Deporte; y Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que incluye la competencia de inmigración.

María del Carmen Iglesias, procuradora socialista por Ávila, ha denunciado que este "reparto del pastel" permite a Vox “imponer su ideología”, mientras el PP asume “el desgaste de la gestión más visible y más cara”, como sanidad, educación y economía. El pacto incluye, entre otras medidas, recortes del 50 % en subvenciones a sindicatos y ONGs, así como restricciones en el acceso de inmigrantes irregulares a servicios sociales, salvo urgencia vital.

“Esto no es solo una medida cruel, es un problema de salud pública. Si una persona tiene una enfermedad infecciosa y no puede ir al médico de cabecera, nadie la va a detectar, nadie la va a tratar, nadie va a impedir que esta se contagie”, ha alertado Iglesias.

Absentismo, riesgos laborales y legalidad

Los socialistas critican especialmente que una de las medidas laborales del acuerdo sea “elaborar un diagnóstico actualizado del absentismo laboral y adoptar medidas eficaces para reducirlo”, sin propuestas para crear empleo o frenar la precariedad. Iván Zazo ha advertido que esto “criminaliza a los trabajadores” y desvía la atención de los problemas estructurales.

El socialista ha recordado que en 2025 se registraron 62.651 accidentes laborales en Castilla y León, con 53 muertes, y que programas de prevención gestionados por sindicatos y patronal son esenciales para reducir la siniestralidad. La eliminación de subvenciones, ha denunciado, compromete la seguridad de los trabajadores y la salud pública.

Inmigración, envejecimiento y futuro

La cesión de la política migratoria a Vox ha generado alarma entre los socialistas abulenses, que recuerdan que Castilla y León es una comunidad envejecida y necesita atraer población. Iglesias ha alertado de que el pacto “niega el pan y la sal a los inmigrantes” y que cerrar centros de acogida o suprimir la financiación a ONGs solo agrava la despoblación.

“Estas imposiciones de Vox, si no no son ilegales, rozan la ilegalidad. A veces son humo y a veces son una irresponsabilidad muy alejada de lo que ha sido su eslogan de campaña de ‘Sentido común’. Cómo será la cosa que el portavoz del ejecutivo en funciones tuvo que aclarar que serán los informes jurídicos los que, medida a medida, garanticen la legalidad de este acuerdo. Esto es absolutamente infumable.

¿Qué clase de acuerdo han firmado que tienen que ir estudiando medida a medida si va a ser legal o no?”, se ha preguntado la procuradora socialista.

Por todo ello, Iglesias ha asegurado que “Castilla y León necesitaba una UCI y le han dado paracetamol”, puesto que “este acuerdo no trata de resolver ninguno de esos problemas” que tiene Castilla y León como la despoblación, el envejecimiento, la falta de servicios públicos en el medio rural, la falta de empleo de calidad o de industrialización, “sino que trata de contentar a Vox”.