VÍDEO | Polémica en la Diputación por las subvenciones

La propuesta ha contado con los votos a favor de PSOE y Vox, aunque los votos en contra del PP y la abstención del diputado no adscrito han valido para tumbar la propuesta que no ha estado exenta de tensión. 

La moción solicitaba que la Diputación realizara una evaluación pública y detallada del Plan Estratégico de Subvenciones, aunque el PSOE ha propuesto una transaccional para añadir tres medidas concretas y evitar así que quedara “en una declaración de intenciones, como tantas veces”, según la portavoz María del Carmen Iglesias. 

Publicar un listado de todas las subvenciones nominativas concedidas desde 2023, con sus importes y justificación de por qué no se tramitaron por concurrencia competitiva, aprobar un nuevo plan antes del 30 de septiembre de 2026, y establecer criterios claros que determinen cuándo las subvenciones deben ser nominativas y cuándo someterse a concurrencia competitiva.

María del Carmen Iglesias, portavoz socialista, ha defendido que “aprobar esta moción sin estos elementos es como pedirle al equipo de gobierno que evalúe su propio trabajo, sin plazos, sin criterios y sin consecuencias y ya sabemos cómo acaba eso”.

Óscar Jiménez, portavoz de Por Ávila, ha recordado que la solicitud inicial se planteó en junio de 2025 y que un año después la evaluación seguía pendiente: “Solo pedimos que se cumpla la ley, lo pedimos hace un año, nos dijeron que en seis meses estaría hecho, ha pasado otro año y sigue sin hacer”. 

Jiménez ha insistido en que no se cuestiona la legalidad de las subvenciones, pero sí el abuso de convenios nominativos y la falta de transparencia efectiva.

El rechazo del PP

El grupo popular ha votado en contra en una moción defendida en la primera intervención por Carlos García, presidente de la Diputación, dirigiéndose especialmente a la portavoz socialista. “No le voy a consentir en ninguno de los casos arrojar ninguna sombra de duda a que todas y cada una de las subvenciones [...] sean no legales. Todas son legales y todas están fiscalizadas”.

García ha aludido a la intervención de la Diputación como garante del control de todas las ayudas, tanto nominativas como por concurrencia: “Todos y cada uno de los diferentes convenios y subvenciones [...] tienen la fiscalización correspondiente por parte de la intervención”.

El portavoz del PP, Juan Carlos Sánchez Mesón, ha reforzado esta posición, señalando que exigir otra evaluación sería “duplicar el trabajo que se viene realizando y que se está haciendo desde intervención” y que las comisiones informativas y la Junta de Gobierno son los foros adecuados para dichas preocupaciones.

Cruce de acusaciones 

El debate se ha tensado tras la intervención de María del Carmen Iglesias, que reclamado mayor transparencia y ha citado investigaciones abiertas en otras diputaciones: “En este momento, dos presidentes de la Diputación de Zamora están investigados precisamente por subvenciones porque en el expediente no se acreditaba suficientemente la ausencia de concurrencia competitiva. Esto no lo he visto yo aquí nunca. Quiero decir que formalmente las subvenciones pueden estar bien concebidas, pero usted sabe, y como como he dicho antes, no usted, todos los que estamos aquí, todos los diputados provinciales que estamos aquí, sabemos de lo que estamos hablando perfectamente”. 

García ha sacado a colación el caso por el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero: “Aquí no estamos hablando de justicia o injusticia. Estamos hablando de legalidad o ilegalidad y la legalidad la cumple esta diputación provincial”.

Pero la socialista ha continuado: “Nosotros decimos que ese sistema no es justo. ¿Transparencia? Ninguna. Que se haga una relación de subvenciones, sin más criterios que está en la página web, es verdad. Pero este tipo de cosas no cubren la transparencia. No cubren la transparencia en absoluto”.

En medio del debate se produjo un rifirrafe cuando el presidente ha dado por cerrado el turno de intervenciones y ha procedido a la votación, generando quejas de algunos diputados sobre el uso de la palabra. Finalmente, tras el turno correspondiente de la palabra de los diputados, la moción ha sido sometida a votación sin más intervenciones, resultando rechazada.

Todas las mociones rechazadas

Asimismo, han quedado rechazadas otras dos mociones presentadas respectivamente por el PSOE y Vox, centradas en la prevención de incendios forestales y en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La primera moción, impulsada por el PSOE, solicitaba reforzar la coordinación institucional y habilitar financiación para los ayuntamientos obligados a elaborar Planes de Actuación en zonas de alto riesgo de incendio. La normativa vigente obliga a 87 municipios abulenses a disponer de estos planes, y el PSOE proponía una cobertura económica adicional para facilitar su implantación.

El pleno la ha rechazado con los votos en contra del PP, Vox y el diputado no adscrito Carlos Jiménez, mientras que solo Por Ávila la ha apoyado.

Juan Carlos Sánchez Mesón, portavoz del PP, ha justificado el rechazo recordando que la Diputación firmó hace cinco meses un convenio con la Universidad de Salamanca para redactar los planes en 2025 y 2026, con un presupuesto de 330.000 euros y cofinanciación de la Junta de Castilla y León por 80.000 euros. 

Según ha explicado, la propuesta era “recurrente” por parte de los socialistas al inicio del verano y no incluía exigencias al Ministerio para la Transición Ecológica: “Si ustedes incluyeran sus puntos para instar al ministerio, nos plantearíamos otras circunstancias, pero en ningún caso hablan del ministerio”.

El presidente de la institución, Carlos García (PP), ha reivindicado que la Diputación ha aumentado la inversión en seguridad frente a incendios, aunque ha reconocido que “en estos últimos 45 años se ha hecho absolutamente muy poco en esta casa” y se ha comprometido a “seguir dotando” presupuestos para este fin.

Desde Vox, el portavoz Fernando Toribio ha calificado la moción de “parcial e interesada”, criticando su sesgo político y la ausencia de exigencias al Gobierno central. En este sentido, ha considerado que la moción fomentaba “más planes, más equipos técnicos, más estructuras administrativas y más burocracia”, frente a la necesidad de “montes limpios, explotaciones agrarias viables” y población estable en el medio rural.

Vox se queda solo contra el acuerdo UE-Mercosur

La segunda moción, presentada por Vox, pedía a la Diputación posicionarse contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur e impulsar medidas de protección para la agricultura y ganadería locales. Solo contó con el apoyo del diputado no adscrito.

PP y PSOE han coincidido en que la corporación provincial carece de competencias en política comercial internacional y que la iniciativa carecía de medidas concretas aplicables en Ávila.

María de los Ángeles García Salcedo, diputada socialista que ha defendido la postura de los suyos, ha subrayado que “los agricultores y ganaderos merecen respeto, apoyo y políticas serias. Precisamente por eso creemos que este debate necesita más rigor y menos propaganda”. 

Por ello, ha añadido que la moción proponía “discursos cargados de exageraciones, titulares y enemigos inventados” y que la mayor parte de sus puntos afectaban a ámbitos ajenos a la Diputación.

Un argumento en el que ha coincidido el portavoz popular, Juan Carlos Sánchez Mesón, por el enfoque ideológico y la falta de propuestas tangibles: “Cualquier debate que podamos tener hoy en este salón es, con respecto a la moción presentada por el señor Toribio, totalmente improductivo”. 

También ha recordado que los acuerdos comerciales deben tratarse en el Congreso y en el Parlamento y ha instado a Vox a presentar medidas “concretas” que beneficien a los agricultores y ganaderos de la provincia.

Y así las cosas, el pleno de la Diputación del mes de mayo ha rechazado las cuatro propuestas presentadas.