El delegado territorial pide a los alcaldes de Adanero y Sanchidrián que presenten alegaciones y aprueben ordenanzas municipales

Así, ha defendido que el procedimiento de autorización por parte de la Junta “es un acto reglado” sujeto a informes técnicos y al periodo de información pública actualmente abierto, y ha asegurado que ambos ayuntamientos disponen de herramientas urbanísticas y normativas para limitar o incluso impedir este tipo de proyectos en sus municipios.

Después del rechazo de los regidores de ambas localidades a una planta en Adanero, para lo que van a recoger firmas, en respuesta, Hernández ha subrayado que el proceso todavía no está resuelto y que cualquier decisión dependerá de los informes y del cumplimiento de la normativa vigente.

El delegado ha recordado que el proyecto se encuentra en fase de información pública y que tanto particulares como administraciones pueden presentar alegaciones. Para Hernández, es “bastante llamativo” que, especialmente el alcalde de Sanchidrián, critique ahora este tipo de instalaciones después de haber respaldado iniciativas relacionadas con el desarrollo del biogás, dada su condición de diputado del PSOE. Porque, ha dicho, después de que haya “aprobado con su voto la ruta del biogás que propicia y promueve la implantación de este tipo de instalaciones en el territorio, ahora quiera responsabilizar única y exclusivamente a la Junta de una autorización que supone un acto reglado”.

Según el delegado, la autorización administrativa no depende de una decisión política discrecional, sino de la aplicación de la legislación y de los informes técnicos preceptivos. “Se van a recabar -ha afirmado- todos los informes sectoriales de oficio para que si finalmente se concediera la autorización, que no se sabe si se va autorizar o no, se hiciera en base exclusivamente a esos informes técnicos y en base a la aplicación de una normativa”.

Otro de los argumentos esgrimidos por el representante de la Junta es que los propios consistorios cuentan con capacidad normativa para condicionar la implantación de plantas de biometano o biogás y, “dentro de sus competencias, tomar decisiones que condicionen, limiten o inclusive anulen la posibilidad de la implantación de las plantas de biogás en sus respectivos municipios”, ya que “como alcaldes tienen los dos una competencia bastante amplia dentro de la soberanía municipal para aprobar normativa que puedan constreñir y limitar la implantación de este tipo de instalaciones”.

En ese sentido, ha invitado a ambos ayuntamientos a explorar medidas urbanísticas y de ordenación municipal que podrían afectar a la viabilidad del proyecto, como ordenanzas que “pueden limitar la distancia al municipio o limitar el paso de vehículos pesados por el casco” que son “cuestiones que creo que no están explorando”.
Y es que el delegado ha subrayado que las licencias municipales también forman parte esencial del procedimiento administrativo, ya que “al final las licencias municipales las van a conceder ellos”.

Por otra parte, también ha cuestionado la utilidad de las campañas de recogida de firmas impulsadas contra el proyecto si estas no se canalizan a través del procedimiento administrativo abierto. “Creo que no tienen ningún sentido si no van dirigidas al periodo de información pública y al órgano sustantivo, que es la Dirección General de Sostenibilidad”, ha afirmado.