Del Miércoles, 27 de Mayo de 2026 al Domingo, 31 de Mayo de 2026
CCOO ha denunciado el bloqueo de la negociación colectiva en la Diputación de Ávila y el deterioro progresivo de los servicios públicos dependientes de esta Administración, y atribuye la situación a la “dejadez institucional” y a la “falta de voluntad política” para afrontar, mediante el diálogo y la negociación, los problemas que afectan tanto al personal como a la calidad de los servicios públicos provinciales.
El sindicato sostiene que la falta de comunicación efectiva impide abordar asuntos que afectan directamente a los derechos laborales del personal y a la calidad de la atención que recibe la ciudadanía de la provincia. Según la organización sindical, la ausencia de avances está provocando un estancamiento en la mejora de las condiciones de trabajo, con especial incidencia en cuestiones como la carrera profesional, los permisos laborales, las retribuciones, la cobertura de vacantes y la organización de determinados servicios provinciales.
Entre los principales puntos de conflicto, CCOO destaca la paralización del proceso de acceso a la carrera profesional, que define como un derecho individual reconocido tanto por la normativa estatal como autonómica. El asunto fue tratado en el pleno de enero, pero, según el sindicato, desde entonces no se ha producido ningún avance ni comunicación oficial.
La organización también denuncia la negativa de la Diputación a reconocer determinados permisos incluidos en el acuerdo regulador vigente, lo que considera una vulneración de derechos laborales ya consolidados.
Subidas bloqueadas
CCOO critica además la falta de negociación sobre la subida retributiva aprobada mediante el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre. El sindicato afirma que los representantes de los trabajadores han sido mantenidos al margen de las modificaciones salariales aplicadas durante el último año y de los criterios utilizados para asignarlas.
Otro de los focos de preocupación es la existencia de numerosas plazas vacantes vinculadas a procesos de Oferta Pública de Empleo desde 2023. Según CCOO, esos procesos continúan bloqueados pese a sus reiteradas solicitudes para que vuelvan a convocarse, una situación que estaría repercutiendo en la carga de trabajo del personal y en la prestación adecuada de los servicios.
El sindicato muestra especial preocupación por el personal de Servicios Sociales, que, según denuncia, sigue sin contar con asesoramiento jurídico especializado pese a la responsabilidad de su labor y a las consecuencias que puede tener para las personas usuarias.
CCOO también reclama un procedimiento de movilidad voluntaria que permita al personal optar a un acercamiento geográfico. La ausencia de este mecanismo, sostiene, obliga a muchos trabajadores a permanecer durante años en el mismo destino sin posibilidad de mejorar sus circunstancias personales o familiares.
Centro Infantas
La situación del personal del Centro Residencial Infantas ocupa otro apartado central de la denuncia sindical y señala la problemática del colectivo de enfermería tras un proceso selectivo convocado para cubrir cinco plazas de funcionarios de carrera y crear una bolsa de empleo, en el que solo seis personas resultaron aptas.
El sindicato advierte de que esa cifra compromete la cobertura de vacaciones, bajas e incidencias futuras. Además, asegura que, a fecha 26 de mayo, tanto las enfermeras como el personal TCAE continúan sin confirmación oficial ni planificación horaria para los próximos meses, lo que genera una situación de incertidumbre laboral.
CCOO denuncia igualmente el deterioro del servicio de mantenimiento, cuyos efectivos, afirma, se han reducido de forma continuada en los últimos años. La situación se agrava durante los periodos vacacionales, cuando el centro residencial queda más expuesto ante incidencias en electricidad, fontanería o mantenimiento general.
El sindicato sostiene que la falta de cobertura de plazas vacantes y de sustitución de permisos provoca que algunas incidencias permanezcan sin resolver durante largos periodos. Por ello, cuestiona si existe una intención de avanzar hacia una posible privatización progresiva de estos servicios.






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