A juicio acusado de estafar 8.500 euros en bebidas y 2.500 en una casa rural

La Fiscalía sostiene que el acusado, con antecedentes penales computables por reincidencia, habría causado perjuicios económicos superiores a los 11.000 euros a dos empresas, entre pedidos de bebidas alcohólicas y una estancia en una casa rural de la provincia.

El primero de los procedimientos es un supuesto delito de estafa y falsedad documental relacionado con la adquisición fraudulenta de bebidas alcohólicas. El acusado habría utilizado una identidad falsa para efectuar cuatro pedidos a un almacén de bebidas. Para conseguir la entrega de la mercancía, remitía a la empresa “justificantes de transferencias falsas realizadas desde una entidad bancaria”, con los que aparentaba haber efectuado el pago correspondiente.

La cantidad presuntamente defraudada asciende a 8.584,63 euros, importe que reclama la empresa perjudicada. La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de estafa previsto y aprecia además la agravante de multirreincidencia. Por ello solicita una condena de cuatro años de prisión y que indemnice a la empresa por el importe íntegro del perjuicio económico ocasionado.

La defensa rechaza íntegramente la acusación y sostiene que no es cierto que el acusado realizase los hechos que se le imputan.

Sin pagar una casa rural
El segundo juicio, que se celebrará el mismo día, aborda otra presunta estafa cometida en una casa rural de la provincia. La Fiscalía sostiene que el acusado se alojó durante unos diez días en el verano de 2022 y abandonó el establecimiento “sin abonar la factura de hospedaje que ascendía a 2.500 euros”.

Según la acusación pública, el procesado ocultó su verdadera identidad y se registró utilizando el nombre de otra persona. Posteriormente habría enviado por WhatsApp al gestor del alojamiento un supuesto justificante de transferencia bancaria con el fin de hacer creer que el pago estaba realizado, pero se advierte que el documento fue confeccionado por el acusado o por una tercera persona con su colaboración “a imagen y semejanza de un documento genuino, con la intención de mutar la realidad y conseguir el engaño pretendido”.

Por estos hechos, el Ministerio Público le acusa de un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad documental y solicita una pena de tres años y cinco meses de prisión, además de una multa de 3.360 euros. También reclama la devolución de los 2.500 euros presuntamente impagados con los correspondientes intereses legales.

En este segundo procedimiento también ejerce acusación la empresa gestora de la casa rural, que amplía la calificación jurídica de los hechos y considera que podrían concurrir delitos de usurpación de estado civil, estafa y falsificación en documento privado, al entender que el justificante bancario remitido “jamás” se correspondió con una transferencia real. Por ello solicita penas que suman cinco años de prisión.

La defensa del acusado mantiene también una oposición a las acusaciones y en su escrito asegura que su representado “no ha participado en los hechos” y solicita su libre absolución “con toda clase de pronunciamientos favorables".