Investigada la alcaldesa de La Adrada por presunta prevaricación, malversación y tráfico de influencias

La resolución judicial ordena la apertura de diligencias de instrucción para investigar presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, abuso en el ejercicio de función pública y tráfico de influencias relacionados con la gestión municipal.

Se procede a “abrir la instrucción de la causa, a fin de verificar si existen o no indicios de los ilícitos penales” denunciados. La decisión judicial implica la reapertura formal del procedimiento penal después de que el juzgado hubiera acordado inicialmente el archivo provisional. Posteriormente, la parte querellante presentó recurso de reforma y subsidiario de apelación contra esa decisión, recurso que finalmente ha sido estimado parcialmente por el tribunal.

Como consecuencia, el juzgado acuerda practicar varias diligencias de investigación para esclarecer los hechos como las declaraciones de la secretaria del Ayuntamiento de La Adrada que desempeñaba esas funciones en las fechas investigadas, del responsable de una empresa de transportes y de la la alcaldesa en calidad de investigada.

La resolución judicial subraya que todavía no se han practicado actuaciones de investigación suficientes y que resulta necesario analizar si existen indicios penales antes de adoptar una decisión definitiva sobre el procedimiento.

Gestión de los festejos taurinos
Según el querellante, el procedimiento judicial se centra en actuaciones presuntamente irregulares sobre el dinero procedente de los festejos taurinos celebrados en 2023.

Aparicio pide esclarecer “qué pasó con el dinero de las entradas de los festejos taurinos de 2023”, así como determinar “por qué la alcaldesa, los concejales de PP, PSOE, Por La Adrada y algunas otras personas estuvieron en contacto con ese dinero”. También plantea dudas sobre “por qué no se ingresó hasta 15 días después en el banco” y cuestiona “pagos en efectivo por valor superior a 1000 euros”, afirmando que esa práctica estaría prohibida.

La querella sostiene además que existirían más de 80 documentos incorporados al procedimiento para sustentar las acusaciones planteadas. La parte denunciante considera que esa documentación “demuestra detalladamente el presunto ilícito penal”.

Aparicio ha expresado “su absoluta confianza en la Justicia” y afirma que continuará ejerciendo “cuantas acciones legales resulten necesarias para defender la legalidad, la transparencia y el interés de los vecinos de La Adrada”.

Tras la marcha de dos concejales del PP, Nuestra Tierra podría presentar una moción de censura si cuenta con al menos uno de ellos, dado que el equipo de Gobierno de la alcaldesa se ha quedado sin mayoría.