Carlos García reclama una reforma de la financiación local en la reunión de la FEMP

Junto a sus homólogos de toda España, García aboga por "reclamar una reforma real de la financiación local, el reconocimiento del coste real de los servicios públicos, así como el refuerzo efectivo de la autonomía local", ya que "la igualdad de los ciudadanos no se garantiza con discursos, sino con recursos". 

"Los municipios estamos sosteniendo España sin una financiación justa y sin Presupuestos Generales del Estado desde 2023, lo que tiene consecuencias reales en vidas reales y en lugares concretos", ha sostenido el presidente de la institución provincial abulense, quien ha lamentado que "en Ávila y en otras muchas provincias españolas algunos servicios no se pueden prestar, no porque los vecinos no lo requieran, sino porque el sistema de financiación local es insuficiente". 

Hasta que culmine ese proceso, García cree “necesario” que el Gobierno "actualice, de manera urgente, las entregas a cuenta a las entidades locales, que permanecen congeladas".

Remanentes de tesorería
Sobre la gestión presupuestaria, ha instado a la revisión del uso de los remanentes y superávits, para que puedan ser aplicados en su totalidad “sin que computen en la regla de gasto”. A su juicio, “es imprescindible” una financiación justa para las entidades locales, de manera que se pueda “garantizar la igualdad de los ciudadanos”, ya que se trata de una cuestión que “no admite más retrasos". 

Ha hablado de las “dificultades que afronta el municipalismo rural”, ya que son los municipios los que han de asumir la prestación de determinados servicios “con el mismo presupuesto de hace diez años”. También el de los territorios como Ávila, “equiparable en el aumento de población estival al de zonas costeras”, que ven cómo los costes de servicios de limpieza o seguridad “se disparan”, si bien se calculan con la población empadronada en el mes de enero. 

"Hay alcaldes que piden créditos para pagar nóminas y que renuncian a proyectos de futuro porque tienen que tapar los agujeros del presente", ha apuntado García, antes de añadir: “Las diputaciones no somos una administración de segundo orden, sino una garantía de cohesión territorial, y quienes evitamos que haya municipios de primera y de segunda o garantizamos que un pueblo de 300 habitantes tenga los mismos derechos que una gran ciudad".

La reunión de Valencia ha valorado aspectos concretos para adaptar la normativa estatal a la realidad del trabajo de las diputaciones provinciales. Por ejemplo, eleva una propuesta de modificación de la Ley de Bases del Régimen Local para que se incluya una regulación expresa de la colaboración de las diputaciones con los ayuntamientos para la gestión y mejora técnica de expedientes municipales sujetos a informes sectoriales.

Del mismo modo, se plantea una modificación de la Ley de Haciendas Locales para que las diputaciones puedan crear y gestionar fondos sin personalidad jurídica de naturaleza presupuestaria. Se trata de una herramienta que facilitaría la gestión de proyectos que reciben fondos de diferentes administraciones o sectores. 

Por último, el presidente de la Diputación abulense ha pedido al Gobierno que tramite "de una vez por todas" el Estatuto Básico del Pequeño Municipio, un texto “esencial para adaptar la actividad administrativa a la vida diaria de la gran mayoría de ayuntamientos de la provincia”.