Piden dos años y medio de prisión para una médica acusada de falsificar casi un centenar de recetas

La Fiscalía solicita dos años y seis meses de prisión para una médica acusada de falsificar 97 recetas oficiales entre octubre de 2022 y julio de 2023 en un centro de salud de Ávila. 

Según el escrito de acusación provisional, la procesada habría aprovechado su condición para falsificar las firmas de dos doctoras para expedir recetas médicas a su nombre con el objetivo de obtener medicamentos para ella misma cuya adquisición requería prescripción facultativa.

La acusación particular, ejercida en el procedimiento, eleva la petición de condena y reclama un total de ocho años y seis meses de prisión al considerar que, además de un delito continuado de falsedad documental, concurre también un delito continuado de estafa y una agravante de abuso de confianza.

La defensa rechaza los hechos y sostiene que la acusada no cometió ninguna infracción penal. En este sentido, argumenta que padecía un grave trastorno ansioso-depresivo y una dependencia de benzodiacepinas que reducían su capacidad para comprender la gravedad de los hechos.

Según el Ministerio Fiscal, la acusada “aprovechando de su condición de paciente de dos doctoras, trabajadoras de un centro de salud de Ávila, falsificó sus firmas, procediendo a expedir a su nombre hasta un total de 97 recetas”.

El escrito concreta que 93 recetas fueron atribuidas a una de las facultativas y otras cuatro a una segunda médica. La Fiscalía sostiene que el importe total de los medicamentos prescritos ilícitamente alcanzó los 751,09 euros de precio de venta al público con IVA incluido. De esa cantidad, Sacyl habría abonado 440,61 euros.

Por estos hechos, el Ministerio Público considera que concurre un delito continuado de falsificación de documento público cometido por particular y solicita para la acusada dos años y seis meses de prisión, además de una multa de diez meses con una cuota diaria de 20 euros. También reclama que indemnice a la Junta de Castilla y León con 440,61 euros más los intereses legales correspondientes.

Sellos oficiales

La acusación particular describe con mayor detalle la supuesta mecánica de los hechos y subraya que la acusada era médica y compartía destino con las facultativas afectadas cuando estas realizaban guardias.

Según este escrito, la procesada aprovechándose de su condición de médico del Servicio Público de Salud, así como del destino oficial que tenía, y de su fácil acceso a los locales del Servicio Público de Salud, sistemas electrónicos e informáticos, recetarios, sellos y demás instrumentos y objetos del delito, habría falsificado las recetas oficiales.

El relato acusatorio distingue dos procedimientos diferentes. En las 93 recetas atribuidas a una de las doctoras, la acusación sostiene que la acusada utilizó “un sello del SUAP, falsamente utilizado”, rellenando manualmente el nombre de la facultativa, su número de colegiado y simulando su firma.

En el caso de las otras cuatro recetas, la acusación particular afirma que la procesada utilizó “falsamente el sello auténtico” de la segunda doctora y que “sustrajo el sello” durante alguna coincidencia en las guardias.

Por ello, sostiene que los hechos constituyen un concurso de delitos entre un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito continuado de estafa.

Por el delito continuado de falsedad documental solicita seis años de prisión, una multa de 24 meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para ejercer como médica en cualquier servicio público de salud durante seis años. Mientras, por el delito continuado de estafa reclama otros dos años y seis meses de prisión y una multa de ocho meses con cuota diaria de 20 euros. Además, solicita el abono de las costas procesales y la indemnización al Sacyl por importe de 440,61 euros.

La defensa niega los hechos

La defensa ha mostrado su disconformidad con los escritos de acusación tanto de la Fiscalía como de la acusación particular.

En su escrito sostiene que la acusada sufría desde antes de 2022 “un trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de sedantes o hipnóticos y benzodiacepinas que generaron un síndrome de dependencia” que la llevaron a ingresar en el hospital. 

También expone que la acusada presentaba un cuadro ansioso-depresivo agravado por dolores físicos asociados a un diagnóstico de fibromialgia y una posible supresión adrenal derivada de corticoterapia exógena. Asimismo, argumenta que, si el tribunal apreciara relevancia penal en los hechos, la acusada actuó “sin poder comprender la ilicitud del hecho” debido a “la alteración psíquica tan profunda que presentaba”.

El juicio se celebrará este miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila.