Los CEAS de la provincia tramitan 250 solicitudes de regularización de inmigrantes

La medida, en vigor desde mediados de abril, ha obligado a desplegar un dispositivo específico de atención para gestionar la emisión de informes de vulnerabilidad social exigidos en determinados casos.

El operativo del Área de Familia, Dependencia y Oportunidades de la institución provincial tras la entrada en vigor de la normativa aprobada por el Gobierno de España. Según la vicepresidenta segunda y diputada del área, Beatriz Díaz, el objetivo era ofrecer “una respuesta ágil y coordinada a los ciudadanos de la provincia” ante el elevado volumen de solicitudes generado por el nuevo marco legal.

La Diputación comenzó a organizar el procedimiento apenas unos días después de la entrada en vigor de la normativa. El 21 de abril arrancaron las primeras entrevistas en los CEAS de la zona de El Barco de Ávila-Piedrahíta, extendiéndose posteriormente a Arenas de San Pedro-Candeleda y Arévalo antes de continuar de forma progresiva por el resto de comarcas abulenses.

La diputada provincial destaca que el dispositivo continuará operativo en las próximas semanas con nuevas rondas de entrevistas y actuaciones técnicas para atender la totalidad de las solicitudes presentadas. Del total de aproximadamente 250 solicitudes registradas hasta el momento, los servicios sociales de la Diputación han elaborado ya alrededor de 150 certificados de vulnerabilidad social. De ellos, cerca de un centenar ya han sido entregados a los solicitantes.

Nuevas actuaciones

“Una vez completada la fase inicial del dispositivo, que va a seguir realizando su labor con nuevas rondas de entrevistas y con todas las actuaciones que sean necesarias hasta atender a todas las personas solicitantes, podemos cifrar que se han registrado unas 250 solicitudes en toda la provincia, de las que se han elaborado, aproximadamente, 150 certificados, de los cuales cerca de cien han sido entregados a sus correspondientes solicitantes”, ha señalado la vicepresidenta segunda.

Los informes de vulnerabilidad social forman parte de los procedimientos contemplados en la disposición adicional vigesimoprimera de la normativa estatal sobre autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

Para obtener el certificado, los interesados deben presentar una solicitud previa ante los servicios sociales correspondientes. Posteriormente, profesionales del Área de Familia, Dependencia y Oportunidades llevan a cabo entrevistas personales con los solicitantes y verifican el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa, entre ellos la acreditación de residencia en la provincia.

Tras el análisis técnico de cada caso, los trabajadores sociales elaboran el informe y vuelven a citar a los usuarios para hacerles entrega del documento.

No obstante, desde la Diputación recuerdan que este informe no resulta obligatorio en todos los procedimientos de regularización. “No es exigible en todos los casos”, precisa  Díaz, quien explica que quedan excluidos, por ejemplo, “aquellos solicitantes que dispongan de una oferta de empleo o formen parte de una unidad familiar, entre otros supuestos”.