Las plazas de policías locales de la capital también serán convocadas por la Junta

La orden se publicará durante el mes de mayo, una vez cerrado el plazo de adhesión al convenio el pasado 30 de abril. La convocatoria de 2026 tendrá una relevancia especial porque, por primera vez desde la puesta en marcha de este sistema de colaboración en 2021, estarán adheridas las nueve capitales de provincia de Castilla y León, al igual que las de los consistorios de Arenas de San Pedro, Arévalo, Las Navas del Marqués, Piedralaves y Sotillo de la Adrada.

Esta incorporación completa refuerza el alcance del modelo unificado de selección, gestionado por la Junta en colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias.

El convenio vigente entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Federación Regional de Municipios y Provincias cubre el periodo 2025-2029 y atribuye a la Junta la gestión de los procesos selectivos unificados de agentes de Policía Local en los años 2026 y 2028.

La publicación de la orden de convocatoria marcará el inicio formal del proceso selectivo. La Junta prevé que la oferta inicial supere las 130 plazas, aunque el número definitivo podrá ampliarse con las vacantes que se generen en los cuerpos municipales de Policía Local antes de que concluya el procedimiento.

Adjudicación de plazas

Como ya ocurrió en la convocatoria unificada de 2024, el proceso incluirá un sistema de resultas para evitar el vaciamiento de plantillas municipales. Este mecanismo permitirá adjudicar las plazas que queden libres en ayuntamientos cuyos agentes obtengan un nuevo destino tras resolver el proceso selectivo de 2026.

La gestión unificada busca garantizar criterios homogéneos en el acceso a los cuerpos de Policía Local de Castilla y León. También pretende racionalizar recursos administrativos y reducir duplicidades entre instituciones, concentrando en la Junta la organización del proceso.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias asumirá un papel clave dentro de esta coordinación, en el marco de las competencias autonómicas sobre Policía Local. El objetivo es ordenar un procedimiento común para municipios con necesidades de personal policial y facilitar una cobertura más eficiente de las vacantes.