Los populares interrogan al Gobierno sobre el retraso en la ampliación de los órganos judiciales

El PP ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo en la Cámara Alta con el objetivo de “disipar las dudas y conocer en qué punto exacto se encuentra el proyecto”. El PSOE prometió crear en el antiguo Centro de Educación de Adultos, en la calle Conde de Don Ramón y cerca del edificio de los juzgados de la calle Vallespín, la sede de la Fiscalía y el Registro Civil, proyecto que estaría listo a finales de 2026 o comienzos de 2027.

Los populares quieren aclarar el estado administrativo de la actuación, si el proyecto técnico está finalizado y qué ajustes siguen pendientes. En paralelo, se exige un calendario concreto que detalle cuándo se licitarán las obras, en qué fecha podrían iniciarse y cuál sería el plazo de ejecución una vez adjudicadas, según la portavoz en el Senado, Alicia García. “No puede ser que los ciudadanos cada vez paguen más impuestos y esto no se vea reflejado en los servicios públicos”, ha afirmado.

La senadora incide en que la situación de los juzgados abulenses, dispersos actualmente en varios edificios, evidencia la necesidad urgente de concentrar los servicios en una única sede moderna, como ya han hecho otras ciudades del entorno.

Promesa vacía

La ampliación “debería haberse iniciado durante 2025”, pero a día de hoy “el proyecto no está concluido, la obra no está licitada y su ejecución es sólo una promesa vacía más”, lo que impide avanzar en la implantación de la nueva Oficina Judicial en Ávila y compromete la modernización del sistema judicial en la provincia.

Otro de las críticas se centra en la financiación del proyecto. El PP reclama al Gobierno que aclare si se mantiene la inversión aproximada de dos millones de euros anunciada y si existe consignación presupuestaria suficiente. García vincula directamente el retraso con la falta de cuentas públicas: “Un Gobierno sin presupuestos es incapaz de consignar el dinero suficiente ni siquiera para empezarlo”. La senadora también cuestiona qué partidas financiarían la actuación y si se garantizará su ejecución completa.

La ampliación no solo afecta a infraestructuras, sino también al futuro del sistema judicial en Ávila. El PP solicita información sobre qué dependencias se trasladarán al antiguo Centro de Educación de Adultos y si esta actuación permitirá crear nuevos órganos judiciales.

En concreto, se plantea la posibilidad de implantar un segundo juzgado de Primera Instancia y un nuevo juzgado de lo Penal, siguiendo las recomendaciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. E interroga sobre si la ampliación estará finalizada dentro de la actual legislatura. Sin embargo, la portavoz popular expresa sus dudas abiertamente: “No nos fiamos de Sánchez”.