Los populares aseguran que regularización "desborda" los servicios municipales

Según el portavoz municipal, Jorge Pato, el Real Decreto 316/2026 de regularización extraordinaria de inmigrantes fue aprobado de forma "unilateral" por el Gobierno de España, "sin coordinación" con las entidades locales y "contraviniendo los pilares del Pacto Europeo de Migración y Asilo".

Por ello, solicitará su retirada, según ha anunciado Pato, quien al mismo tiempo alerta de las consecuencias que, en su opinión, está teniendo la decisión del Gobierno en la capital abulense, "al aprobarse una norma sin presupuesto ni recursos, trasladando toda la carga asistencial al Ayuntamiento" y que "está desbordando los servicios de Padrón y la Oficina de Atención al Ciudadano en el consistorio abulense".

El portavoz popular ha asegurado que esta situación está "obligando a reforzar el personal e incluso a recurrir a voluntarios de Protección Civil para gestionar las colas de solicitantes". La moción del PP destaca "las graves carencias" que el Consejo de Estado ha señalado sobre esta normativa, como "la ausencia de una memoria económica, pues no se ha previsto financiación alguna para que los municipios asuman los informes de vulnerabilidad ni el acompañamiento social".

 
En esta línea, critican que la normativa "no tenga suficientemente en cuenta el historial delictivo, permitiendo incluso que personas en prisión preventiva puedan beneficiarse del proceso", así como que "la cifra de beneficiarios podría superar por mucho las previsiones oficiales", lo que a su juicio "se traduciría en la saturación de unas estructuras administrativas locales ya tensionadas".

Que el Ayuntamiento se posicione

Pato señala que con esta moción su grupo pretende que "el Ayuntamiento de Ávila se posicione oficialmente para reprobar la gestión del Gobierno de España, por trasladar la presión asistencial a las entidades locales sin aportar recursos".

Al mismo tiempo, insta a la retirada del Real Decreto exigiendo que "cualquier proceso de extranjería se tramite como ley en el Congreso para garantizar el debate y el control parlamentario" y pide "financiación suficiente y criterios objetivos de vulnerabilidad para que el Consistorio pueda afrontar el impacto de estos procesos sin comprometer la cohesión social ni los servicios públicos actuales".

 
"Ávila es una ciudad comprometida con la inclusión, pero no podemos asumir en solitario un fenómeno de esta magnitud que ignora la ley, los mandatos del Congreso y el significativo aumento de la carga de trabajo en ayuntamientos con recursos limitados como el de la capital abulense", ha concluido Pato.