Los latinoamericanos lideran las solicitudes de regularización en CCOO

Desde CCOO en Ávila, através de su servicio especializado Cite (Centro de Información para Trabajadores Extranjeros), estiman que han atendido ya de forma presencial, telemática y en las asambleas colectivas desarrolladas a unas 130 o 150 personas desde la entrada en vigor del Real Decreto el pasado 15 de abril.

Cristina Pindado, asesora del Cite de CCOO, ha insistido en que el acompañamiento que ofrece el sindicato, es totalmente gratuito, en un contexto en el que han proliferado falsos gestores que cobran por estos trámites.

El sindicato colabora de forma estrecha con la Subdelegación del Gobierno, Correos, la Seguridad Social y otras entidades sociales para garantizar una tramitación segura y ordenada de las solicitudes. Según Pindado, en las reuniones con las administraciones implicadas se ha constatado que se están atendiendo unas 50 personas al día entre todas las entidades. Además, UGT y Cruz Roja también participan como entidades colaboradoras.

Perfil de los solicitantes

En Ávila, la mayor parte de las consultas proceden de personas y familias latinoamericanas, aunque CCOO atiende solicitudes de todas las nacionalidades que cumplan el requisito principal: haber estado en España antes del 1 de enero de 2026. 

La asesoría se centra en resolver dudas sobre documentación, informes laborales y acreditación de residencia, con especial énfasis en la correcta presentación de antecedentes penales limpios.

El proceso, abierto hasta el 30 de junio de 2026, busca facilitar la obtención de una residencia con derechos y obligaciones, incluyendo el alta en la Seguridad Social y el pago de impuestos. 

Desmintiendo bulos

Tanto Pindado como Alberto Novoa, secretario provincial de CCOO en Ávila, han insistido en desmentir los principales bulos que circulan en torno a la regularización. Entre ellos, la idea de que se concede la nacionalidad o que generará un “efecto llamada”. 

“Estamos hablando de personas que ya están aquí, que ya llevan mucho tiempo aquí y que lo que requieren son documentos y, por tanto, una regularización administrativa para tener todos los derechos laborales”, ha asegurado Novoa, recordado que el requisito principal es llevar en España desde antes del 1 de enero de 2026. 

La nacionalización, tal y como han aclarado, es un proceso completamente distinto, sujeto a otros requisitos y plazos.

El sindicato defiende que la regularización permitirá aflorar el trabajo y la economía sumergida, reduciendo la explotación laboral y otras situaciones de vulnerabilidad. 

Novoa ha respondido también a quienes atribuyen a la población migrante el deterioro de los servicios públicos en Castilla y León: “Los servicios públicos se deterioran por una mala gestión, y en concreto, en Ávila y en Castilla y León, se deterioran de forma sistemática por una mala gestión del Partido Popular. Y esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo”.