Correos no está preparado para la regularización de personas migrantes, según CCOO

Sin embargo, la organización sindical sostiene que la empresa pública está ejecutando esta tramitación con un modelo que limita el acceso de la población afectada y somete a la plantilla a una presión añadida. La central sindical señala que la oficina principal de Ávila, ubicada en la plaza de la Catedral, es el único punto habilitado en toda la provincia para atender este proceso.

Creen que esta concentración del servicio en un solo centro no sólo dificulta el acceso de las personas migrantes, especialmente en una provincia extensa y dispersa, sino que además incrementa la carga de trabajo de la plantilla, que debe compatibilizar la atención de las regularizaciones con la actividad ordinaria de ventanilla.

Hay más oficinas

El sindicato subraya que en la provincia existen oficinas relevantes en municipios de gran tamaño que no han sido incluidas en el operativo. Esa decisión, sostiene, “dificulta el acceso real de las personas migrantes al proceso”, al tiempo que “concentra la carga de trabajo” y “aleja el servicio de las personas que lo necesitan”.

A juicio de la organización, Correos ha desaprovechado una de sus principales fortalezas: su implantación territorial. CCOO recuerda que la empresa cuenta con más de 2.300 oficinas, presencia en los 8.000 municipios del país y una red de más de 10.000 empleadas y empleados públicos, una estructura que, en su opinión, la convertía en “la mejor herramienta para garantizar el acceso a este proceso”. Frente a ese potencial, denuncia que la dirección ha optado por “un modelo restrictivo”, limitado a unas 350 oficinas en turno de mañana y 329 en turno de tarde, con apenas 1.500 trabajadores implicados.

CCOO había planteado habilitar alrededor de 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes, donde se concentra el 85% de la población. Con ese diseño, argumenta, el servicio habría quedado mucho más próximo a la ciudadanía y se habría reducido la presión sobre determinados centros. En lugar de ello, el sindicato resume que “se ha hecho justo lo contrario: concentrarlo y alejarlo de quienes lo necesitan”.

La crítica se amplía también a la gestión interna del proceso. "El problema no es la medida, sino su implementación por parte de la dirección de Correos”, apuntan. En esa línea, afirma que el procedimiento “se ha puesto en marcha tarde, mal, con retraso, opacidad e improvisación”, pese a que, según recuerda, era conocido desde hacía meses.

Fallos en el proceso

La organización sindical sostiene que la falta de medios no es el único problema detectado. También denuncia fallos en la información facilitada a la ciudadanía y a la propia red de oficinas. En concreto, habla de “incongruencias entre la guía, los formularios, la web y la normativa vigente”, así como de mensajes confusos sobre los plazos. Según CCOO, se está trasladando la idea de que existe un año para presentar la solicitud, cuando “el plazo real finaliza el 30 de junio”, al mezclarse el tiempo para tramitarla con la duración de la autorización que se concedería.

El sindicato también apunta a errores en los requisitos que se están comunicando. Entre ellos, cita la exigencia de vínculos familiares en supuestos en los que no serían aplicables y la confusión entre contrato de trabajo efectivo y compromiso de contratación. Estos fallos “no son menores”, ya que “pueden afectar directamente a la tramitación y a los derechos de las personas migrantes”. Pese a este diagnóstico, la central considera que el proceso acabará saliendo adelante. No lo atribuye, sin embargo, a la planificación empresarial, sino al trabajo de la plantilla del organismo postal.