Los socialistas preparan un proyecto de ley de violencia machista en Castilla y León

Las aportaciones recogidas han quedado pendientes de análisis por parte del partido para su posible incorporación al borrador, que se ha previsto presentar en las Cortes de Castilla y León una vez haya quedado constituido el nuevo Parlamento autonómico.

Consideran que la ley vigente, aprobada en 2010, ha quedado “profundamente desfasada” respecto a la realidad actual de las mujeres, al no contemplar la violencia digital y tecnológica, como el acoso online, el control a través del móvil o la difusión no consentida de imágenes íntimas. También señalan que el texto no recoge de forma adecuada la violencia vicaria, ejercida sobre hijos y familiares para dañar a la mujer, ni la violencia de segundo orden, que ha afectado a quienes apoyan a las víctimas. 

Además, advierten que los menores siguen siendo considerados como meros “dependientes” de la madre, en lugar de haber sido reconocidos como víctimas directas con derechos propios. Según apuntan, la propia Junta de Castilla y León aprobó en enero de 2025 un anteproyecto de ley que reconocía estas carencias, aunque el texto no llegó a tramitarse en las Cortes.

La reunión se ha producido en un contexto marcado por el aumento de las denuncias por violencia sobre la mujer en Castilla y León. Los juzgados de la comunidad han registrado 6.416 denuncias en 2025, un 6% más que en 2024, un incremento que ha superado ampliamente la media nacional, situada en el 2,6%. Ante esta situación, Iglesias ha defendido la necesidad de incorporar la experiencia de quienes trabajan de forma directa con las víctimas y ha afirmado que hay que “escuchar primero a quienes trabajan cada día con las víctimas”.

Y ha propuesto que la futura ley “debe reflejar la realidad de las mujeres de Ávila y de toda la Comunidad, para lo que es imprescindible contar con sus aportaciones”, a la vez que ha advertido del riesgo de que PP y Vox vuelvan a bloquear esta iniciativa en las Cortes, como ya ha ocurrido en anteriores legislaturas, lo que “retrasará el avance en derechos y protección para las mujeres”.