La Junta moviliza 286 millones con 28 medidas para amortiguar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio

La iniciativa responde al encarecimiento del petróleo, el gas y otros insumos básicos, que están elevando los costes de producción y afectando tanto a empresas como a autónomos, agricultores, ganaderos y familias. El plan se articula en siete grandes bloques estratégicos que abarcan financiación empresarial, empleo, transporte público, apoyo social, fiscalidad, eficiencia energética y mantenimiento de los servicios públicos. Según detalla la Junta, se trata de un documento “abierto” que podrá adaptarse en función de la evolución del contexto económico.

El mayor volumen económico del paquete se concentra en las medidas de financiación empresarial, con 113 millones de euros. El Ejecutivo autonómico despliega varias líneas de crédito dirigidas a paliar el impacto de la subida de costes y facilitar la adaptación de las empresas.

Entre ellas, destaca una línea específica de adaptación a las alzas de costes con préstamos de hasta 750.000 euros, bonificación del 1,75% y plazos de amortización de hasta 15 años, incluyendo periodos de carencia. También se incluyen instrumentos para financiar el circulante de pymes internacionalizadas, inversiones en autoconsumo energético o participación en capital empresarial a través de un fondo de internacionalización.

El paquete incorpora además medidas como la ampliación de carencias en proyectos industriales, la renegociación de préstamos existentes y el refuerzo del instrumento financiero de la PAC 2023-2027, con el objetivo de movilizar hasta 40 millones en préstamos agrarios. Asimismo, se incrementa del 10% al 25% la bonificación en seguros agrarios para jóvenes agricultores.

Empleo
El bloque de empleabilidad contará con una inversión de siete millones de euros. La Junta impulsará programas de cualificación vinculados a sectores considerados estratégicos -como el digital, tecnológico, biosanitario, energético o logístico- para mejorar la capacitación profesional.

Además, se reforzarán las políticas de atracción y fidelización del talento joven mediante itinerarios de inserción laboral y programas de retorno, junto a incentivos a la contratación en sectores especialmente afectados por la crisis.

El transporte colectivo recibirá cinco millones de euros adicionales, destinados a reforzar las rutas de Buscyl con mayor demanda. La Junta busca adaptar la oferta al incremento de usuarios derivado del encarecimiento del combustible.

También se compensará el aumento de costes operativos del servicio público de transporte regular de viajeros, afectado directamente por la subida de los carburantes.

Familias vulnerables y medidas sociales
El plan reserva una partida de un millón de euros para reforzar la protección social. En concreto, se contempla la activación de bonos de urgencia social para atender situaciones de especial vulnerabilidad económica.

Uno de los ejes clave del paquete es la reducción de la fiscalidad autonómica en aplicación del Real Decreto-ley 7/2026. Estas medidas fiscales tendrán un impacto total de 191,2 millones de euros en Castilla y León hasta el 30 de junio, de los cuales 117,4 millones serán asumidos por la Comunidad.

Entre las principales rebajas se encuentra la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%, la bajada del IVA del 21% al 10% en suministros energéticos y la disminución del impuesto sobre hidrocarburos.

Eficiencia energética
El bloque de eficiencia energética contará con 33,3 millones de euros. La Junta destinará estos recursos a fomentar el ahorro energético en empresas industriales y edificios del sector terciario, así como a impulsar el autoconsumo en instalaciones públicas.

También se potenciará el uso de biomasa, tanto a través de la colaboración con la asociación Avebiom como mediante el desarrollo de redes de calor y la promoción de la construcción sostenible con madera.

Entre las medidas más destacadas figura la bonificación del 100% del coste de las subestaciones necesarias para conectar edificios privados a redes de calor con biomasa forestal.

El último bloque, dotado con diez millones de euros, busca asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos ante el aumento de costes. La Junta aplicará directrices específicas para la revisión de contratos públicos y garantizará los recursos necesarios para mantener la prestación de servicios esenciales. Además, se solicitará la reprogramación y ampliación de los plazos de ejecución de los fondos europeos para adaptarlos al nuevo contexto económico.

La Junta subraya que este conjunto de medidas constituye una respuesta integral a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio, pero insiste en que el documento “podrá irse adaptando con flexibilidad a la evolución del escenario económico”.