Lavado de cara del nuevo edificio de la Diputación

Es la última decisión, adoptada por el presidente de la institución, Agustín González, y que ha dado a conocer en la Junta de Gobierno, para lo que ha solicitado que se elabore una separata del proyecto de obras inicial, de 4,6 millones de euros, para conocer el presupuesto de esta primera fase.

Se trata de la "ejecución material de lo que es el cascarón", según lo ha definido, que consistirá en "dejar terminados los forjados, las rampas para escaleras definidas, pero sin vestir, sin instalación eléctrica ni de calefacción, como tampoco de separaciones interiores", en una superficie de 1.300 metros cuadrados.

González cree que "no se pueden dejar así" los edificios como se encuentran en la actualidad -en la confluencia de las calles Jimena Blázquez y Marcelino Santiago-, tras reconocer que decidió la paralización de las obras ante la "alarma social" que se había creado.

Diferir en el tiempo
Por eso ha dicho que adoptó la decisión de "diferir en el tiempo" las obras de ampliación, pero "sin demorar la primera parte".

El presidente de la Diputación confía en que las obras comiencen "lo antes posible" para que "puedan ejecutarse antes del final de año.

González ha argumentado el mal estado del inmueble, "con algunas goteras y abandonado". "Ahora entramos y tenemos que ir cabalgando sobre montañas de excrementos de paloma", ha explicado.

"No se trata de que esté en ruinas y pueda producir preocupación de derribo, es que la Diputación necesita espacios nuevos para concentrar servicios", porque "en el centro universitario que compartimos con la UNED y la Universidad Católica no cabemos porque se ha ampliado Turismo, la APEA (Agencia Provincial de la Energía, el Consorcio Provincial Zona Norte y la Fundación Santa Teresa".

Y ha aludido al "generoso alquiler, por el sitio que está y la superficie que ocupa", que se paga por la sede del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) en la plaza del Mercado Chico. También a las nuevas competencias que la Ley de Ordenación otorga a las diputaciones, que motivará que "se necesite más personal".