Sindicatos y CEOE evalúan las medidas del Gobierno ante la guerra en Irán

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han coincidido en respaldar la reducción de impuestos incluida en los decretos, aunque con matices. Javier García, secretario de UGT ha subrayado que “probablemente era la medida que más se reclamaba porque afecta directamente no solamente a los usuarios y consumidores, sino sobre todo al sector transporte, agrícola y ganadero, cuestión que es muy bien recibida”.

No obstante, ha mostrado cautela ante los posibles efectos de estas rebajas fiscales: “Sí que es cierto que tenemos experiencias previas donde bajadas de impuestos han supuesto luego aumento de precios, con lo cual esperemos que en esta ocasión no ocurra eso”. 

En la misma línea, Alberto Novoa, secretario provincial de Comisiones Obreras, ha advertido que “las bajadas de impuestos que pagamos entre todos y todas, si no van acompañadas de topes en los precios, pues o hay un buen control de precios o existe el riesgo de lucro intencionado”.

Sin embargo, desde CEOE han valorado positivamente la reducción de impuestos, pero criticando la falta de un diseño más consensuado. El presidente de Ávila, Diego Díez, ha señalado que las medidas del decreto anticrisis del gobierno tienen dos partes. Por un lado celebra Díez la que "tiene que ver con la propia crisis como son las que tienen que ver con la reducción de impuestos", al ser "medidas que positivas y que son las que tocan”.

Vivienda 

Aunque no se ha mostrado muy de acuerdo sobre la medida para regular el mercado del alquiler. Diego Díez ha acusado al Gobierno de “aprovechar su debilidad para sacar adelante una serie de medidas” como las de vivienda “que no tienen nada que ver en este momento con la crisis que se está abordando” y que “se meten con la propiedad privada directamente”.

Por su parte, UGT considera conveniente reforzar la intervención pública para facilitar el acceso a la vivienda: “Regular la vivienda es conveniente en nuestro país, sobre todo cuando hay muchas comunidades autónomas que, con el margen que el Gobierno puso cuando generó la ley de vivienda, no atienden esas medidas”, ha indicado Javier García.

Comisiones Obreras comparte esta visión, situando la protección de las familias vulnerables en el centro. Novoa ha recordado que el objetivo es “permitir la renovación de los alquileres en las mismas condiciones que se tienen ahora a las familias más vulnerables entre el año 2026 y 2027”, y ha matizado que “la persona que está en el alquiler y que tiene dificultades económicas no son ocupas”.

Perspectivas a futuro

Pese a las diferencias, existe un punto de convergencia: todos los actores reconocen la gravedad económica derivada de la guerra de Irán y la necesidad de medidas inmediatas para mitigar su impacto sobre familias y empresas. Los sindicatos valoran positivamente la disposición al diálogo social por parte del Ejecutivo, mientras la CEOE reclama mayor consenso político y claridad en los objetivos.

Desde CCOO, Novoa advierte que la duración e intensidad del conflicto marcarán el alcance de estas medidas: “Habrá que ir tomando las medidas más oportunas y más acertadas para que las consecuencias de esta guerra sean las menos posibles sobre las economías de las familias”.