Ávila registró 83 agresiones a personal sanitario en 2025, pero solo dos acabaron en denuncia penal

La comisión de seguimiento frente a las agresiones al personal sanitario, un órgano de coordinación institucional que analiza la evolución de este tipo de incidentes y las medidas de prevención y respuesta, ha analizado los datos de 2025.
Durante el último año se tuvo conocimiento de 83 agresiones al personal sanitario en la provincia, con 92 trabajadores afectados. Sin embargo, únicamente dos de estos casos derivaron en la formalización de denuncias penales, una cifra que los participantes consideran claramente inferior al volumen real de incidentes registrados.
La comisión ha constatado que “existe un margen de mejora en el nivel de denuncias en relación con las agresiones detectadas en los centros sanitarios”, y se ha coincidido en señalar que esta situación “dificulta la persecución de las conductas violentas y limita la eficacia de las medidas preventivas y sancionadoras”.
Reincidencias
En este sentido, durante la reunión se recordó que la reincidencia es un fenómeno habitual en este tipo de incidentes, por lo que formalizar las denuncias resulta clave para poder actuar frente a los agresores y evitar que las conductas violentas se repitan.
En la comisión se subrayó además que denunciar permite activar los mecanismos policiales y judiciales previstos para proteger a los profesionales sanitarios, además de contribuir a que se adopten medidas que eviten nuevas agresiones.
Otro de los aspectos analizados durante el encuentro es el origen de los incidentes. Según se puso de manifiesto, las agresiones al personal sanitario no proceden exclusivamente de pacientes, sino que en muchos casos son protagonizadas por acompañantes.
Ante esta realidad, se ha coincido en señalar la necesidad de reforzar las acciones de sensibilización social sobre el respeto a los profesionales sanitarios, así como mejorar las pautas de prevención y autoprotección en los centros de salud y hospitales.
Agresiones verbales
Uno de los puntos que recibió especial atención fue el de las agresiones verbales, que incluyen insultos, amenazas o vejaciones hacia los profesionales sanitarios. Durante la reunión se destacó que este tipo de conductas se denuncian con menor frecuencia, a pesar de que constituyen una forma de violencia que deteriora las condiciones de trabajo de los sanitarios. Los participantes señalaron que actuar frente a estas manifestaciones desde sus primeras fases puede evitar su escalada hacia agresiones físicas.
Consecuencias legales de agredir a profesionales sanitarios

En el plano jurídico, durante el encuentro se recordó que agredir verbal o físicamente a un profesional sanitario del sistema público de salud puede conllevar consecuencias relevantes. Las sanciones pueden incluir multas económicas, medidas cautelares como órdenes de alejamiento y, en los casos más graves, la posible comisión de un delito penal.
Además, se subrayó que determinados hechos pueden perseguirse de oficio, lo que significa que la denuncia no tiene que ser presentada necesariamente por la víctima directa, sino que cualquier ciudadano puede poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente.
Coordinación policial y presencia en centros sanitarios
La reunión también puso de relieve el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la prevención y respuesta ante incidentes en el ámbito sanitario. La presencia policial en centros sanitarios y las intervenciones ante situaciones de conflicto forman parte del trabajo habitual de Policía Nacional y Guardia Civil. Ambos cuerpos mantienen además una interlocución permanente con los servicios sanitarios, a través de los interlocutores policiales sanitarios que tienen establecidos para reforzar la coordinación y mejorar la gestión de estos episodios.
La comisión de seguimiento frente a las agresiones al personal sanitario, coordinada por la Unidad de Violencia de la Subdelegación del Gobierno, ha reunido a representantes de los colegios de médicos y de Enfermería, profesionales sanitarios del sistema público de salud, el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, los interlocutores sanitarios de Policía Nacional y Guardia Civil, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, y la fiscal jefe de Ávila, Carmen Barberán.