Día Sábado, 14 de Marzo de 2026
Las elecciones a las Cortes de Castilla y León han marcado la vida política de la Comunidad desde 1983 y volverán a situarse en el centro del debate el domingo 15 de marzo, fecha prevista para los próximos comicios autonómicos.
En ese proceso, los ciudadanos eligen a los miembros del parlamento regional, integrado actualmente por 81 procuradores, en un sistema que combina el peso provincial con la representación proporcional y que solo ha conocido un adelanto electoral, el de 2022. El domingo se elegirán 82, dado que Segovia cuenta con uno más al haber aumentado los habitantes.
Desde la constitución de la comunidad autónoma y de las Cortes, en Castilla y León se han celebrado diez elecciones autonómicas entre 1983 y 2022. Ese recorrido dibuja una trayectoria de notable continuidad institucional, pero también una evolución política con cambios relevantes en el reparto de fuerzas, la aparición de nuevos partidos y una mayor fragmentación parlamentaria en los últimos años.
Casi todos los comicios han sido ganados por el Partido Popular, con dos excepciones en 1983 y 2019, cuando el partido más votado fue el PSOE. Esa pauta explica buena parte de la estabilidad política autonómica durante décadas, al tiempo que subraya el peso que la derecha ha mantenido en la Comunidad desde los primeros años del autogobierno.
Hasta la X legislatura gobernó el partido más votado en las urnas. Esa dinámica se rompió en la XI legislatura, cuando el PSOE ganó las elecciones de 2019, pero no alcanzó el gobierno por el acuerdo posterior entre PP y Ciudadanos. Ese dato introdujo una nueva lógica parlamentaria: la de las mayorías de coalición como factor decisivo, incluso por encima de la lista más votada.
Cómo se convocan las elecciones
La convocatoria electoral corresponde al presidente de Castilla y León. Hasta 2019, estas elecciones habían coincidido siempre con las municipales y con las autonómicas de la mayoría de comunidades españolas, pero esa sincronía se rompió con los comicios de 2022. Desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, además, el presidente dispone de la facultad de disolver anticipadamente las Cortes y llamar a las urnas antes del final ordinario de la legislatura.
Esa capacidad de adelanto, sin embargo, no es absoluta. El estatuto impide disolver de forma anticipada las Cortes durante el primer periodo de sesiones de la legislatura, durante el primer año desde una disolución anticipada previa o mientras se tramite una moción de censura. La norma también establece que, tras unas elecciones anticipadas, la nueva cámara no queda limitada por el calendario de la legislatura originaria, sino que inicia un nuevo mandato completo de cuatro años.
En la práctica, esa prerrogativa solo se ha utilizado una vez. Únicamente se han adelantado elecciones en 2022, un hito que alteró la pauta tradicional de la Comunidad y abrió un nuevo escenario institucional, al desvincular los comicios autonómicos del calendario municipal que había sido habitual durante décadas.
Sistema electoral
El Estatuto de Autonomía de 2007 establece que los procuradores de las Cortes de Castilla y León son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La próxima cámara autonómica estará compuesta por 82 procuradores, elegidos mediante escrutinio proporcional plurinominal con listas cerradas y ordenada la representación en función de los votos obtenidos en cada circunscripción.
Las circunscripciones electorales coinciden con las nueve provincias de la Comunidad: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. A cada una le corresponde un mínimo inicial de tres procuradores y uno adicional por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. Ese diseño mezcla un criterio territorial fijo con otro demográfico y explica las diferencias de representación entre provincias.
La distribución de escaños es de Valladolid con 15 procuradores; León, con 13; Burgos, con 11; Salamanca, con diez; Palencia, Ávila, Zamora y Segovia, con siete; y Soria, con cinco.
La asignación de escaños entre candidaturas se realiza mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos en cada circunscripción. Se trata de un mecanismo habitual en España, pero en Castilla y León adquiere una relevancia particular por el tamaño desigual de las provincias, ya que las menos pobladas tienden a traducir los votos en escaños con patrones distintos a los de las circunscripciones mayores.
A ese marco se añadió otro elemento de calado con la reforma de la LOREG de 2007: la obligación de que las candidaturas presenten listas con una composición equilibrada de hombres y mujeres, de forma que cada sexo represente al menos el 40% del total.
Etapas
La serie histórica sitúa al PSOE como fuerza ganadora en las primeras elecciones autonómicas, celebradas en 1983, con 42 procuradores, frente a los 39 obtenidos por la coalición AP-PDP-PL. Aquellos resultados inauguraron el mapa político autonómico y confirmaron que el arranque de la Comunidad se produjo con una mayoría socialista en las Cortes.
En 1987 se registró uno de los movimientos más llamativos de toda la secuencia electoral. PSOE y PP empataron a 32 procuradores, mientras que el CDS irrumpió con 18 escaños y decantó el Gobierno a favor de los populares con un gobierno de coalición.
A partir de 1991, el PP pasó a dominar con claridad la escena electoral autonómica. Ese año logró 43 procuradores, cifra que elevó a 50 en 1995, antes de mantenerse en 48 tanto en 1999 como en 2003 y repetir otros 48 en 2007. Ese largo ciclo de mayorías amplias consolidó su hegemonía en la Comunidad y convirtió a Castilla y León en uno de sus territorios políticamente más sólidos durante ese periodo.
La fortaleza popular alcanzó uno de sus máximos en 2011, cuando el PP sumó 53 procuradores, mientras que el PSOE se quedó en 29. Ese resultado reflejó una diferencia muy amplia entre los dos grandes partidos y prolongó una etapa de dominio prácticamente continuado de los populares en las instituciones autonómicas.
Fragmentación
El panorama empezó a cambiar con más intensidad en 2015. Aquel año el PP descendió hasta 42 escaños y el PSOE bajó a 25, mientras emergían nuevas fuerzas en el parlamento autonómico: Podemos entró con diez procuradores, Ciudadanos con cinco y también obtuvo representación Unión del Pueblo Leonés. La cámara dejó de estar estructurada casi exclusivamente en torno al bipartidismo y comenzó una etapa más abierta.
Las elecciones de 2019 confirmaron ese giro. El PSOE fue la fuerza más votada con 35 procuradores, por delante del PP, que obtuvo 29. Ciudadanos ascendió hasta 12 escaños y se convirtió en actor clave para la gobernabilidad; Podemos logró dos; Por Ávila obtuvo uno; y la UPL mantuvo presencia con un procurador. Sin embargo, la victoria socialista no se tradujo en acceso al poder, ya que Ciudadanos entró en el Gobierno con el PP e introdujo una nueva cultura de acuerdos postelectorales en una Comunidad acostumbrada a mayorías más nítidas.
Las últimas elecciones celebradas hasta la fecha fueron las del 13 de febrero de 2022 a raíz de que el PP rompiera el pacto con Ciudadanos. En esos comicios, el PP obtuvo 31 procuradores y el PSOE 28, mientras que Vox protagonizó el gran salto de la jornada con 13 escaños. También lograron representación Soria ¡Ya! y UPL con tres cada uno. Por Ávila, Podemos y Ciudadanos tuvieron un escaño cada uno.
El resultado de 2022 confirmó varias tendencias a la vez: la pérdida de peso del bipartidismo respecto a etapas anteriores, el auge de nuevas formaciones de ámbito estatal, la consolidación de candidaturas de raíz territorial y el retroceso brusco de Ciudadanos tras haber sido decisivo en 2019. También mostró un parlamento más fragmentado y una mayor dispersión del voto entre partidos de perfil muy distinto.
Con la vista puesta en el 15 de marzo, la secuencia electoral castellana y leonesa deja una doble lectura. Por un lado, persiste la impronta histórica de una Comunidad donde el PP ha sido la fuerza dominante en la mayor parte de los comicios; por otro, los cambios registrados desde 2015, y especialmente en 2019 y 2022, apuntan a un escenario más abierto, en el que la suma de bloques, la distribución provincial del voto y la capacidad de pactar tras las urnas vuelven a ser determinantes.




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