145 municipios de Ávila notifican casi 24 millones en daños por el tren de borrascas

Un total de 145 municipios y entidades locales abulenses han comunicado daños, lo que ha generado 679 expedientes de actuaciones necesarias para recuperar infraestructuras públicas afectadas por los temporales. Estas cifras constituyen la primera base técnica que utilizará el Ministerio de Política Territorial para dimensionar la convocatoria de ayudas destinada a financiar las obras de reparación.

La situación llevó al Consejo de Ministros a declarar el 10 de febrero varias zonas del país, entre ellas áreas de la provincia de Ávila, como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, una figura administrativa que activa mecanismos extraordinarios de apoyo estatal.

La declaración de emergencia permite a los ayuntamientos acceder a subvenciones para reconstruir infraestructuras de titularidad municipal dañadas por fenómenos meteorológicos extremos. El procedimiento administrativo comienza con una fase de evaluación de daños por parte de las entidades locales.

El plazo para que los municipios abulenses remitieran sus informes concluyó el lunes, momento en el que la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Ávila cerró la recepción de expedientes.

Daños

Los daños comunicados por los ayuntamientos se concentran sobre todo en infraestructuras hidráulicas y de comunicación rural, especialmente sensibles a las lluvias intensas, avenidas de agua y episodios de saturación del terreno registrados durante el invierno. En total, los ayuntamientos han presentado 679 solicitudes de actuación, centradas principalmente en la reparación o reconstrucción de caminos rurales y vías municipales, puentes dañados por crecidas de ríos y arroyos, estaciones depuradoras, colectores y redes de saneamiento y captaciones y conducciones de agua.

El conjunto de proyectos remitidos por las entidades locales alcanza 23.851.367,14 euros. La documentación recopilada por la Subdelegación del Gobierno sirve para la siguiente fase del proceso, en la que el Ministerio de Política Territorial deberá evaluar las solicitudes presentadas de cara a otorgar las ayudas.