Asaja exige compromisos “reales, urgentes e imprescindibles” para el campo ante las elecciones

Desde la organización subrayan que el sector agrario y ganadero de la provincia es “estratégico desde el punto de vista económico, social, territorial y ambiental”, pero alertan de que atraviesa una “presión creciente que amenaza su continuidad: pérdida de rentabilidad, incremento descontrolado de costes, inseguridad jurídica, exceso de burocracia, conflictos con la fauna salvaje, incendios forestales recurrentes y falta de relevo generacional”.

Una de las principales reivindicaciones pasa por reorganizar la estructura administrativa autonómica. Asaja solicita que Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se integren en una única cartera para evitar “contradicciones, más burocracia y conflictos innecesarios”. La organización sostiene que “el sector agrario es gestor del territorio y parte de la solución ambiental, no el problema”, y defiende que una única consejería permitiría “coherencia normativa, agilidad administrativa y equilibrio real entre producción y conservación”.

Rentabilidad agraria
Con el lema “sin rentabilidad no hay campo”, Asaja reclama que ninguna política agraria se diseñe al margen de los costes reales de producción y exige reforzar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria con “controles y sanciones”, y expresa la necesidad de garantizar precios justos y contratos equilibrados, especialmente en sectores clave para la provincia como el cereal, los forrajes y las producciones ligadas al territorio .
Defensa de la PAC y rechazo al cuaderno digital obligatorio

En relación con la Política Agraria Común (PAC), piden una “defensa firme del presupuesto” para evitar recortes y renacionalizaciones que perjudiquen a Castilla y León. Asimismo, exige una simplificación real que suponga “menos burocracia, controles redundantes, menos penalizaciones automáticas y más confianza en el agricultor profesional”. Entre sus demandas concretas figura la eliminación del cuaderno digital obligatorio “tal como está planteado” y la flexibilización de los eco-regímenes y requisitos ambientales, adaptándolos a zonas de montaña, dehesas y secanos frágiles como los de Ávila.

Rechazo a Mercosur

La organización agraria también exige igualdad de condiciones frente a productos procedentes de terceros países. Considera “no aceptable permitir la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen las mismas normas que se imponen a nuestros agricultores y ganaderos”. En este sentido, reclama “reciprocidad” y solicita la “paralización inmediata” de acuerdos comerciales como el de Mercosur, al entender que suponen “una amenaza directa y una competencia desleal inasumible”.

El cereal, principal cultivo de la provincia, atraviesa una situación que la organización califica de “crítica”; por eso exigen ayudas directas extraordinarias ante las graves pérdidas que sufre el sector”. Además, considera imprescindible mejorar las coberturas y el acceso a los seguros agrarios como herramienta de estabilidad de rentas, una demanda que se refuerza ante el incremento de fenómenos climáticos extremos como sequías prolongadas, heladas tardías e incendios.

En materia fitosanitaria, Asaja reclama una política basada en “criterios científicos y técnicos” y critica la retirada de materias activas sin alternativas eficaces, lo que, a su juicio, deja a los agricultores en desventaja frente a terceros países.

Respecto a la ganadería, exige “políticas sanitarias basadas en criterios científicos, con protocolos realistas y viables”, actuar sobre la fauna salvaje como reservorio de enfermedades y “evitar la criminalización del ganadero ante crisis sanitarias”.

Lobo

En paralelo, alerta de que “la expansión del lobo está poniendo en riesgo la viabilidad de la ganadería extensiva” y reclama permitir su “control poblacional mediante medidas eficaces, incluida la gestión cinegética”, junto a sistemas de indemnización “rápidos, justos y completos” que cubran el valor real del animal y los daños indirectos.

Entre las 14 medidas, la organización incluye la exigencia de una política hídrica eficaz con inversiones en infraestructuras, mantenimiento y ampliación de sistemas hidráulicos, así como acceso al agua para regadío con tarifas eléctricas adaptadas a las necesidades del sector.

También reclama una fiscalidad adaptada a la volatilidad de costes y precios, la revisión del sistema de módulos y reducciones fiscales específicas. En clave demográfica, insiste en que “sin jóvenes no hay futuro” y pide ayudas eficaces, financiación accesible y menos trabas burocráticas para facilitar la incorporación y el acceso a tierra, crédito y vivienda en el medio rural.

Finalmente, demanda reforzar la seguridad en el campo ante el aumento de robos en explotaciones, con más medios y efectivos de la Guardia Civil para garantizar la protección de quienes viven y trabajan en el medio rural.