Anatomía de los fiascos industriales en Ávila (5): Pizarro Miniaturas Militares

Tanto el Ayuntamiento de la capital como la Junta de Castilla y León ofrecieron su apoyo a un proyecto que resultó ser un castillo en el aire. La descoordinación entre ambas llegó hasta tal punto que la empresa recibió hasta tres subvenciones del Gobierno autonómico bajo el paraguas de proyectos de I+E mientras el Consistorio ya le reclamaba deudas por la vía de apremio. 

El Ayuntamiento de Ávila, con Miguel Ángel García Nieto como alcalde, desembolsó 4.000 euros para contrataciones que nunca se consolidaron. Por su parte, la Junta de Castilla y León, que presidía Juan Vicente Herrera, otorgó subvenciones que sumaban 24.000 euros a una sociedad que terminó desapareciendo del mapa. 

La realidad es que se descubrió que la empresa ya estaba cerrada cuando aún se estaban tramitando o cobrando ayudas destinadas a la creación de empleo. Puestos de trabajo que tampoco llegaron porque la empresa dejó también un rastro de despidos improcedentes y vistas orales en los juzgados a las que los representantes legales de la empresa ni siquiera se dignaban a asistir. 

Miniaturas y modelos
La sociedad Pizarro Miniaturas Militares y Modelos SL se constituyó oficialmente en septiembre de 2006 con domicilio en el polígono industrial de Las Hervencias. Su objeto social era el diseño, fabricación y comercialización de miniaturas y modelos metálicos, incluidos componentes para uniformes militares, figuras históricas y de ficción.

La empresa formaba parte de un grupo de proyectos que en la primera década del siglo XXI prometían generar empleo y diversificar la base industrial local. Para impulsar la empresa, tanto el Ayuntamiento de Ávila como la Junta de Castilla y León gestionaron la concesión de subvenciones a empresas emergentes bajo programas dirigidos a fomentar la creación de empleo y la innovación empresarial bajo calificación I+E (Innovación y Empleo). La idea era que Pizarro Miniaturas se beneficiara de alguna de estas ayudas públicas en el marco de estas convocatorias. 

Y así fue. La Junta de Castilla y León concedió tres subvenciones por importe de 4.808 euros, 12.000 y 6.840 euros para el impulso de proyectos calificados como I+E. Junto a ello, la misma empresa ya percibió otra ayuda de 4.000 euros que el Ayuntamiento les reclamó después de que Izquierda Unida denunciara que la cantidad destinada a la contratación de cuatro trabajadores se había cobrado y la empresa estaba cerrada.
Fue a principios de abril de 2008 cuando Pizarro Miniaturas apareció en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila dentro de una lista de deudores a los que no localizaba el Ayuntamiento abulense para notificar el embargo de cuentas corrientes. Dos meses después, la Junta reclamó a la empresa la devolución de los importes de las subvenciones concedidas.

Despidos y litigios laborales
Los problemas económicos de la empresa llegaron a los tribunales. En marzo de 2008 se conoció que el Juzgado de lo Social número 1 de Ávila dictó una sentencia por demanda de un trabajador por despido, declarando la improcedencia de la extinción del contrato. El fallo condenó a la empresa a readmitir al trabajador o pagar una indemnización con sus salarios dejados de percibir. 

Este pronunciamiento judicial refleja que Pizarro Miniaturas no solo dejó de desarrollar el proyecto inicialmente planteado, sino que además despidió a personal sin justificación válida, lo que acabó en sanción laboral.  Aunque no existe documentación pública sobre el apoyo recibido, lo que sí es constatable es que las subvenciones concedidas se cancelaron porque Pizarro no cumplió con los requisitos de inversión ni de creación de empleo que motivaron las ayudas.

De este modo, Pizarro Miniaturas pasó a formar parte de las experiencias de proyectos industriales que no terminaron de despegar en Ávila, una muestra más de la importancia de verificar la solvencia y viabilidad real de proyectos antes de conceder ayudas públicas y la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento posteriores a la concesión de ayudas para asegurar que los objetivos planteados se cumplen, algo que este caso no ocurrió.