Ultimátum judicial al Ayuntamiento: los responsables se enfrentan a multas personales por incumplir una sentencia

Tal como han detallado desde Comisiones Obreras, el conflicto se arrastra desde 2021, cuando un trabajador solicitó la actualización de las funciones de su puesto. Tras un largo proceso, en 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le dio la razón, ordenando que se realizara una valoración adecuada. 

Sin embargo, según el sindicato, el Ayuntamiento ha dilatado los plazos que él mismo se otorgó -de diez meses-, llevando el asunto a pleno en diciembre de 2025 y otorgando al puesto una valoración de cero euros, algo que la jueza del contencioso de Ávila ha considerado insuficiente y contrario a la sentencia.

“Sabemos es que hay una intencionalidad por parte del Ayuntamiento de Avila de prorrogar los plazos sin edíe para hacer creer a la gente que cumple con sentencias judiciales cuando luego el propio juzgado le dice que no las cumple”, ha asegurado Novoa. 

El auto del contencioso-administrativo de Ávila de 13 de febrero de 2026 señala que la resolución judicial sigue sin ejecutarse y que el acuerdo del pleno de 2025 no acredita su cumplimiento. La magistrada recalca que no es necesario someter a votación una sentencia firme, sino cumplirla de forma inmediata, y advierte que de persistir en el incumplimiento podrán imponerse multas coercitivas contra los patrimonios personales de los responsables, según han informado desde el sindicato. 

Comisiones Obreras ya había alertado en octubre y noviembre del año pasado de un posible delito de desobediencia por parte del Ayuntamiento. La organización sindical considera que la actitud del equipo de Gobierno evidencia una “prepotencia” ante los tribunales y una gestión deficiente de los recursos humanos municipales.

Identificar a los responsables 

A día de hoy, no consta que el Ayuntamiento de Ávila haya respondido formalmente al auto del 13 de febrero. La jueza establece que, en caso de persistir en el incumplimiento, deberán identificarse las personas concretamente responsables, lo que podría derivar en sanciones económicas personales y en la reiteración de multas coercitivas hasta el cumplimiento completo de la sentencia.

Según CCOO, este sería el primer caso en el que el Ayuntamiento podría enfrentarse a multas personales por incumplir una sentencia de esta naturaleza. Aunque en el pasado ha sido condenado en costas en diversos procedimientos relacionados con valoraciones de puestos de trabajo —alrededor de 600 euros por sentencia, sumando más de 7.000 euros en los últimos casos conocidos—, nunca antes se había llegado al extremo de plantear sanciones directas a los responsables.

El sindicato considera que, mientras el Consistorio no identifique responsables internos, el máximo responsable es el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Si finalmente se confirman las multas coercitivas, estas podrían recaer sobre él o sobre cualquier otra persona que el juzgado determine como responsable del incumplimiento.

La reciente incorporación de un nuevo director de recursos humanos al Ayuntamiento de Ávila, el exconcejal socialista Arturo Barral, podría situarlo en el centro de la cuestión. Aunque de momento no se le ha señalado formalmente, la gestión de este caso y la respuesta al auto judicial podrían implicarle si se considera que es responsable de no ejecutar de la sentencia relacionada con la plantilla y la valoración de puestos de trabajo.

La misma RPT de hace 25 años 

Desde el sindicato se insiste en que la solución pasa por actualizar de manera real la relación de puestos de trabajo, algo que no se hace desde hace 25 años. Según Novoa, la aplicación de la relación de puestos de 2019 sería lo más justo, ya que se ha aplicado a algunos trabajadores, pero no a la mayoría.

El auto del 13 de febrero supone un aviso definitivo: si el Ayuntamiento no cumple con la sentencia de 2023 y ejecuta la valoración correcta, no solo se expondrá a sanciones económicas, sino que se abrirá la puerta a un proceso que podría poner en entredicho la gestión política y administrativa del equipo de Gobierno municipal.

La ciudadanía, según denuncia el sindicato, acaba asumiendo los costes de esta falta de cumplimiento, tanto en costas judiciales como en productividades abonadas a los servicios jurídicos municipales, mientras los trabajadores siguen sin ver reconocidas sus funciones y valoraciones salariales en condiciones justas.