El pleno de la Diputación exigirá al Gobierno una financiación local “suficiente, equitativa y respetuosa"

Se trata de una moción que llevará al pleno el PP y que, según el portavoz popular, Juan Carlos Sánchez Mesón, se enmarca en “una cuestión clave para el futuro de las entidades locales”, pero que también “va a ser una oportunidad de comprobar si el Grupo Socialista es municipalista antes que sanchista, o viceversa”.

En el texto de la moción, el PP vincula la financiación local con el actual debate sobre el modelo de financiación autonómica pactado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Según Sánchez Mesón, “no se puede estar reclamando infraestructuras sanitarias para el medio rural de Ávila, cuya competencia es de la Junta de Castilla y León, pero a la vez guardando un silencio sepulcral ante el atropello que supone el modelo de financiación autonómica pactado por Sánchez y Junqueras de manera bilateral y que concede a Castilla y León un 1,29 % de recursos adicionales cuando nuestra Comunidad comprende el 20 % del territorio nacional y el 5 % de la población, con todo lo que eso supone”.

El portavoz reprocha además a los socialistas que “se mantengan callados igualmente sobre el carpetazo que el Gobierno de España ha dado al proyecto de unir la capital abulense con la A-6 por autovía y lo haya sustituido por una carretera convencional 2+1”.

Falta de presupuestos del Estado
La moción popular apunta la situación financiera de ayuntamientos y diputaciones, que han asumido en los últimos años más responsabilidades sin una financiación paralela suficiente. En palabras de Sánchez Mesón, “las entidades locales han asumido un volumen creciente de competencias y responsabilidades, muchas de ellas de carácter impropio, sin que ello haya venido acompañado de una financiación suficiente, estable y previsible”.

También recalca que “la ausencia de Presupuestos Generales del Estado actualizados, la rigidez de las reglas fiscales y la falta de certidumbre normativa están dificultando gravemente la planificación económica y presupuestaria de los ayuntamientos, lo que limita su capacidad de inversión y condiciona la calidad de los servicios que prestan a los vecinos”.

El texto de la iniciativa también cuestiona el procedimiento seguido por el Gobierno en la reforma del sistema de financiación, ya que “lejos de impulsar un debate multilateral, transparente y basado en criterios objetivos, ha optado por negociaciones bilaterales con partidos separatistas y por tratar cuestiones estratégicas para el conjunto del Estado con interlocutores prófugos de la Justicia española, como es el caso de Carles Puigdemont”.

A juicio de Sánchez Mesón, “este modo de proceder no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que proyecta la idea de que la financiación pública puede convertirse en moneda de cambio política, lo que genera incertidumbre y desigualdad entre territorios que cumplen lealmente con el marco constitucional”.