Asaja exige el levantamiento de los pastos ante el agravio comparativo con otras provincias

La organización agraria denuncia un agravio comparativo respecto a Salamanca, León y Zamora y exige que se garantice la igualdad de trato y la transparencia administrativa en una decisión que afecta de lleno a la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas abulenses.

Desde la organización agraria se reclama a la Junta el “levantamiento inmediato del acotamiento de los pastos en la provincia”, recordando que se trata de “un compromiso adquirido e incumplido” por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de su consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Asaja subraya que el 22 de agosto del pasado año, tras una reunión de trabajo celebrada en Valladolid con las organizaciones profesionales agrarias, el presidente autonómico asumió “el compromiso de mantener la admisibilidad de esas superficies de pastos a efectos de las ayudas PAC de los años 2026 y siguientes”. Sin embargo, según la organización, ese compromiso no se ha materializado en Ávila.

La entidad considera que la falta de decisiones concretas en la provincia genera inseguridad entre agricultores y ganaderos, que dependen de la superficie admisible para garantizar el acceso a las ayudas europeas.

Agravio comparativo
Asaja pone el foco en la desigual aplicación de la medida dentro de Castilla y León, puesto que “recientemente ya se han levantado los pastos en las provincias de Salamanca, León y Zamora, y en León incluso se ha producido un anuncio oficial de su Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, reflejado en el Boletín Oficial de aquella provincia, el día 12”.

Frente a esa actuación, en Ávila “no existe comunicación pública clara, ni anuncio oficial ni explicación transparente sobre si en los pastos abulenses va a suceder lo mismo en un futuro cercano, lo que provoca una profunda sensación de agravio”.

En este contexto, Asaja advierte de que “si la normativa es la misma en toda Castilla y León, su aplicación debe ser homogénea” y sostiene que “no puede haber provincias de primera y provincias de segunda”.

Ley de Montes

El núcleo del conflicto se sitúa en el artículo 92 de la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León, que establece la suspensión automática durante cinco años de los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en las zonas afectadas por incendios, si bien permite su levantamiento por parte de las autoridades ambientales .

Asaja recuerda que, al suspender el aprovechamiento, “esas hectáreas dejan de ser elegibles para las ayudas de la PAC con las graves pérdidas económicas que ello supone”, porque el levantamiento de pastos “no es una cuestión menor ni técnica, es una cuestión de supervivencia para muchas explotaciones".

La organización reclama que se levante “la superficie afectada por los incendios tanto de 2025 como de los últimos cinco años”, con el objetivo de restituir la admisibilidad de esas hectáreas y evitar un impacto estructural sobre la economía rural abulense.

Para la ganadería extensiva, la disponibilidad de superficie admisible es un factor determinante, ya que “sin superficie admisible suficiente, las explotaciones ven recortados sus ingresos y su viabilidad económica”, y “la incertidumbre sobre si los pastos se van a levantar o no afecta directamente a la planificación de la campaña y a la seguridad jurídica de agricultores y ganaderos".